Los defensores de los genocidas se dieron cita ayer en la Feria del Libro, para la presentación del libro Crónica de una guerra negada, escrito por el militar Jorge Di Pasquale, preso por su participación en los crímenes de la dictadura. Entre ellos, por el crimen de Laura Carlotto, hija de la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo.

Di Pasquale cumple prisión perpetua desde 2014, cuando fuera condenado por un tribunal platense por su actuación criminal en el Centro Clandestino de Detención “La Cacha”, que incluye el secuestro, tortura y asesinato de Laura de Carlotto (hija de Estela de Carlotto) y de Olga Noemí Casado, así como la apropiación de los bebés. El jerarca del Ejército, miembro clave de un área de Inteligencia dependiente del Batallón 601 de la fuerza, cuenta también con condenas en Neuquén.

La presentación del libro, un libelo fascistizante de tres tomos que se anuncia como una “crónica de la violencia política” de 1955 a 1990, fue promocionada por la organización AFyAPPA, que preside Cecilia Pando, y contó con la asistencia de numerosos familiares de genocidas y la oratoria del coronel retirado Guillermo Viola, el ingeniero Pedro José Guiraldes y dos autores de libros de esta sintonía: el teniente retirado José Luis D’Angelo Rodríguez y el periodista Ceferino Reato –al que Infobae prestó sus páginas para publicitar el evento.

El evento se realizó nada más y nada menos que en la Sala Carlos Gorostiza de la Feria, llamada así por el autor teatral que denunció en sus obras a la dictadura.

La actividad machacó sobre las tesituras clásicas de los genocidas, en particular la justificación del terrorismo del Estado como un intento de liberar a un “país rehén del terrorismo” (Infobae, 3/5) –ello cuando los grupos guerrilleros ya estaban prácticamente desarticulados al inicio del golpe del ‘76, que tuvo como propósito central el exterminio de una vanguardia obrera en ascenso del Cordobazo a las huelgas generales de junio-julio de 1975.

Junto a ello se reclamó la impunidad para los genocidas procesados y presos y el reconocimiento para los represores “caídos”, y se lanzaron duras invectivas contra las organizaciones de Derechos Humanos. Los pro-milicos protestaron porque “Macri incumplió la promesa de poner fin al curro de los derechos humanos”, pese a que el negacionismo de la dictadura ha tenido repetidas expresiones por parte del presidente y sus funcionarios, que incluso se reunieron con familiares de genocidas y vienen participando de homenajes a esos represores “caídos” junto a la cúpula castrense. Las políticas de impunidad del Estado tienen incluso expresión en la situación de Di Pasquale, que escribió su libro desde “la Unidad 34 de Campo de Mayo, un refugio para los militares que no logran acceder al arresto domiciliario, para que se sientan como en casa: tiene campo de deportes, canchas de vóley y de fútbol y quincho, y aunque se había dejado de usar como cárcel en 2013 cuando se fugaron dos militares del hospital Argerich, volvió a utilizarse para recibir represores con el arribo de Cambiemos al gobierno” (Tiempo Argentino, 2/5)

Los amigos del milico protestaron por “la obsolescencia de (…) unas fuerzas armadas castigadas por setentismo”, que en criollo significa el rearme y la reinstalación de las mismas en tareas de represión interna. Pero en eso consistió justamente el decreto que emitió a mediados del año pasado el gobierno, profundizando un camino iniciado con la designación de César Milani al frente del Ejército por parte de CFK.

Lo que en el fondo molesta a la hinchada de los torturadores es la enorme lucha popular contra ellos, una resistencia que data desde la propia dictadura y ha logrado la realización de juicios por los crímenes de lesa humanidad (incluso con su carácter limitado y tardío), así como imponerle límites clave a las política de impunidad del Estado, como la movilización de un millón de personas contra el 2×1.

La Feria del Libro ya había sido noticia en su charla inaugural por el repudio de los asistentes al secretario ajustador de Cultura Pablo Avelluto, pese al blindaje dispuesto para ese día por la fundación organizadora y el gobierno de la Ciudad para evitar protestas.