La movilización por justicia para Gonzalo Tamame, asesinado en la comisaría primera de Olavarría, terminó con tres personas detenidas: Agustín Mestralet, Lautaro Méndez y Katerina Pereyra, en un claro intento del gobierno provincial de criminalizar la protesta. Mestralet y Méndez son militantes del Partido Obrero. La detención se dio cuando la marcha había finalizado y los manifestantes se retiraban en paz, lo que refuerza que se trató de una provocación represiva contra quienes alzan la voz contra el accionar asesino de la Bonaerense.

En la madrugada del miércoles Gonzalo Tamame fue detenido, golpeado en la calle y trasladado a la Comisaría 1ra de Olavarría; adentro continuaron las golpizas y Gonzalo apareció muerto tres horas más tarde en una celda. La versión oficial intenta imponer un suicidio, pero la familia y los vecinos de Olavarría afirman que fue asesinado. La comisaría bonaerense, nuevamente encubre un asesinato policial simulando un ahorcamiento.

Lo ocurrido en Olavarría se inscribe en una política general de represión, tortura y muerte dentro de las comisarías bonaerenses. Basta recordar la masacre de Pergamino en 2017, donde siete jóvenes fueron calcinados en la comisaría primera tras un incendio provocado por los propios policías, que cerraron las celdas con candado. Ninguno de los responsables está preso. O el caso de Facundo Astudillo Castro, desaparecido en 2020 cuando viajaba hacia Bahía Blanca en plena pandemia y fue interceptado por efectivos de la Bonaerense. Su cuerpo apareció meses después en un cangrejal, con signos de violencia y manipulación, pero el caso fue rápidamente archivado. Lo mismo sucedió con Daiana Abregú en Laprida, hace apenas tres años y con Sofía Fernández, joven trans asesinada en una comisaría de Pilar en 2023.

Se trata del accionar sistemático de una fuerza podrida hasta la médula, responsable de regentear el delito organizado —narcotráfico, trata, zonas liberadas— y que, al mismo tiempo, persigue y reprime a la juventud trabajadora y pobre. La represión y la tortura son un modus operandi habitual en las comisarías y cárceles bonaerenses: la Comisión Provincial por la Memoria denunció torturas a 45 detenides solo en abril de este año, en el penal de Sierra Chica.

Los antecedentes en Olavarría son numerosos. Ya en 2012 hubo denuncias por torturas en comisarías. En 2013, los policías que debían asistir a Tito Ortega lo asesinaron. Desde 2020, jóvenes de los barrios vienen denunciando detenciones arbitrarias, maltratos y golpizas. Ahora mataron a Gonzalo Tamame.

La responsabilidad política es directa. Axel Kicillof encubre y fortalece a esta policía asesina. Usa a la Bonaerense —y a su brazo de elite, la UTOI— para regimentar los barrios, ocupar comedores, perseguir a la juventud y establecer la prisión preventiva como norma. Mientras tanto, garantiza impunidad, les paga la defensa a los efectivos involucrados, e incluso a los policías responsables de crímenes como el de Daiana se los reincorporó y reubicó en localidades cercanas —hay sospechas fundadas de que hoy operan en Olavarría.

Esto se enmarca además dentro de la política represiva nacional. El gobierno de Milei y su ministra Bullrich han dado carta blanca a todas las fuerzas para reprimir protestas, desalojar huelgas y atacar cualquier manifestación popular. En la provincia, Kicillof aplica la misma política: reprime, encubre y persigue. La represión en Olavarría es la expresión local de una política general contra el pueblo trabajador.

Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad, exigimos la libertad inmediata de los detenidos por marchar, el esclarecimiento del asesinato de Gonzalo Tamame. Solo la movilización popular podrá romper los tejidos de encubrimiento e impunidad que el Estado garantiza sistemáticamente a los policías asesinos.

Olavarría: inmediata libertad de Agustín Mestralet, Lautaro Méndez y Katerina Pereyra

Fueron aprehendidos por la policía de Kicillof por manifestarse concejal por la muerte de un joven en la Comisaría Primera. -

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