“Esta es la primera vez que la CIDH responde positivamente a las innumerables denuncias y peticiones presentadas por nuestra Asociación a lo largo de casi diez años y que, en un hecho sin precedentes, los imputados por los llamados delitos de lesa humanidad serán escuchados en su condición de víctimas del Estado”.  Con estas palabras, la autodenominada “Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia” conformada por abogados defensores de los genocidas, celebraron haber logrado concretar una reunión privada con la Corte Internacional de Derechos Humanos para plantear la situación de “personas mayores privadas libertad”, en referencia a los genocidas que permanecen en prisión. Al encuentro celebrado en la Universidad de Colorado, Estados Unidos, el gobierno envió a Ramiro Badia, de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos. 

La reunión fue posible por la intermediación de la embajadora argentina ante la Organización de los Estados Americanos, Paula Bertol. “Según consta en reportes que realizó a la Cancillería, Bertol mantuvo por lo menos tres reuniones con representantes de la CIDH en los que las demandas de las agrupaciones pro represores fueron un tema tratado”, relata Página/12. No es la primera vez que el gobierno acepta tratar como cuestiones de “derechos humanos” la situación de los genocidas. Al comienzo de la gestión Macri, mientras se multiplicaban las declaraciones negacionistas de sus funcionarios en relación al número de desaparecidos y al alcance de la represión, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, recibía en su despacho a los familiares de militares “muertos por la subversión”. El gobierno dice que se mantendrá “neutral” (Infobae, 2/10) ante el reclamo de los lobistas de los esbirros de la dictadura, lo que significa concederle viabilidad, como lo prueban las gestiones de Bertol. En otras palabras, una nueva puesta en ejercicio de la “teoría de los dos demonios” que el gobierno macrista reivindica.

La posición favorable del gobierno de Macri a las demandas de los militares se confirma por el hecho de que se durante su gestión se acrecentaron las concesiones de privilegios a los genocidas presos, si bien muchas de estas habían sido concedidas durante los gobiernos K. Actualmente, según el informe oficial de la fiscalía, sobre apenas 1004 detenidos por crímenes de lesa humanidad, 641 se encuentran bajo “arresto” domiciliario y solamente 272 están en manos del Servicio Penitenciario. (Los restantes 91 figuran agrupados como “otros”, de manera inespecífica). En el caso de los represores más conocidos, como en el caso de Miguel Etchecolatz, después de una temporada en una casona en el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, éste volvió a la cárcel común por la presión y militancia de las organizaciones de derechos humanos.

La principal pretensión de estos grupos pro-genocidas es la anulación de los juicios de lesa humanidad, algo que bien sabe el gobierno. El abogado Alberto Solanet, presidente de “Justicia y Concordia”, se refiere públicamente a los represores como “presos políticos”, sometidos a un “injusto encarcelamiento”. Según Solanet, “indudablemente para llevar adelante esta política de venganza se hizo necesaria la complicidad de jueces corruptos".

Estas “gestiones de buena voluntad” del gobierno frente a estos grupos fascistoides es inseparable de la política de rehabilitación y reinserción de las fuerzas armadas en la represión interna bajo el verso de “la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. Al gobierno lo apremia que la bancarrota económica detone un levantamiento popular. 

La pretensión de contar con fuerzas armadas “aliadas” recorrió a todos los gobiernos democráticos, desde 1983, cuando Alfonsín pretendía que los tribunales militares fueran los que juzgaran a los represores, hasta los gobiernos K, que culminaron entronizando al genocida Milani al frente del Ejército para montar una estructura paralela de inteligencia tras la deserción de la ex SIDE al campo de la oposición.

Denunciamos las gestiones del gobierno ante estos elementos con todo su alcance. 

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