Al cumplirse un nuevo mes del asesinato del trabajador de la construcción Darío Avalos a manos de una patota de la Uocra, el jueves 11 una nutrida columna de trabajadores de la construcción, con los familiares de Darío, el Polo Obrero y el Partido Obrero, de la que también participó el diputado provincial Guillermo Kane y afectados por otros casos de lucha contra la impunidad (Rosso, Viera y Almeida) se movilizó a las puertas de los Tribunales de Lomas de Zamora para reclamar por justicia y contra las causas armadas contra los activistas y sindicatos combativos y clasistas como el Sitraic.

La convocatoria fue alimentada por la liberación de uno de los principales imputados en la causa Avalos, Héctor Cabrera, señalado como uno de los responsables intelectuales de la emboscada criminal que terminó con la vida del trabajador de la construcción y dejó gravemente heridos a otros. La excarcelación de Cabrera allana el camino para la impunidad de los instigadores, entre los que se encuentra Walter Leguizamón (secretario general de Uocra-Lomas), aún prófugo de la Justicia.

La movilización también puso de manifiesto el armado de causas truchas contra el Sitraic y contra los luchadores en Lomas de Zamora: un mecanismo que ha impulsado la Uocra para bloquear la actividad gremial del Sitraic en las obras y que también se ha valido el intendente Insaurralde para perseguir a los estatales nucleados en ATE Sur. La Justicia y la fiscalía se han convertido en un nexo de la política de la burocracia sindical y del Estado para perseguir a los luchadores. También se denunció la parálisis de las denuncias impulsadas por el Sitraic ante los hechos de violencia, ataques y maniobras de la Uocra.

En la jornada se señaló que mientras la Justicia libera a uno de los responsables del crimen de Avalos, mantienen en prisión a Hugo Eguiazábal, trabajador de la construcción y activista del Sitraic, apresado ante una causa fraudulenta de la Uocra que carece de cualquier sustento probatorio.

En tribunales, una comisión se reunió con el fiscal general, quien se comprometió a verificar la prueba otorgada por la familia Avalos, que consta de las filmaciones del día de los hechos y recibir las denuncias presentadas por el sindicato.

Para finalizar, se convocó a una nueva reunión de la comisión por Avalos y las organizaciones para planificar una nueva movilización para el 11 de marzo, cuando se cumplen dos años del crimen de Avalos, dirigida contra las fuerzas policiales, responsables de liberar el terreno para que actúe la patota y uno de los puntales de la política de la Uocra para perseguir a los luchadores y activistas sindicales.