El juez Ernesto Azcona, condenó a Daniel Rivero y a Daniel Tabares, secretario general y tesorero respectivamente del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (SOSCH), a tres años de prisión de cumplimiento condicional por “instigación a cometer delitos” en el marco de un conflicto con empresa estatal de aguas Sameep por salarios adeudados, ropa de trabajo y otros reclamos. El juez los inhabilitó para el ejercicio de cargos o empleos públicos y una serie de pautas de conducta que deberán acatar durante cuatro años bajo la amenaza de efectivizar la pena. Entre ellas fijó la prohibición de acercamiento a una distancia de 100 metros de las autoridades de la empresa Sameep, así como de todos los lugares que frecuenten, “debiendo evitar todo tipo de comunicación con los mismos”, y también les prohibió el acercamiento a una distancia de 300 metros de las cinco dependencias Sameep posee en Resistencia.

Según numerosos testimonios, el día 1° de septiembre de 2021, luego de una asamblea, los trabajadores se dirigieron a la sede del directorio de Sameep para apoyar a una delegación compuesta por los mencionados dirigentes y tres trabajadoras para solicitar una reunión al presidente de la empresa Leonardo Aguzin. De inmediato fueron atacados con palos por una patota ajena a la empresa -“los leones de Leo”- dejando a las trabajadoras con lesiones diversas. Los testimonios presentados por la empresa y por los trabajadores confirman que Tabares y Rivero intentaron proteger de las agresiones a sus compañeras y compañeros.

A pesar de ello, el Juez Azcona fundó el fallo en su “íntima convicción” incluso rechazando la presentación de nueva evidencia y al fundamentar la excesiva pena expresó que “no surge que tales imputados se hallen en un alto nivel de pobreza o indigencia… que logre excluir a Tabares y Rivero de la responsabilidad jurídico-penal o, que exista algún aminoramiento en la misma”, condenando de antemano a cualquier trabajador que reclame para no caer en la pobreza.

El ensañamiento contra los trabajadores y la gravedad de la pena, que impide a los dirigentes sindicales ejercer su tarea gremial, revela un entramado de corrupción que abarca a los tres poderes del estado provincial. Efectivamente, la Justicia chaqueña durante 12 años hizo oídos sordos a los reclamos del SOSCH que denunciaban la malversación de los aportes a la obra social que les eran descontados a los trabajadores por Sameep pero no depositados en la obra social del personal estatal de la provincia.

Hace años que Sameep hostiliza mediante falsas denuncias a los directivos del SOSCH. En 2016 por el delito de usura, desestimada luego de las pericias judiciales. El mismo año se judicializó sin fundamentos la quita de los descuentos de la cuota sindical, con el evidente propósito de ahogar económicamente al SOSCH que fue amparado por una medida cautelar. Se sancionó al secretario general del SOSCH, Daniel Rivero, quien revistaba como Jefe de Zona 1 apartándolo de su cargo en el que fue repuesto por otra medida cautelar que Sameep incumplió más de un año. Hoy Tabares está judicializado por “coacción”.

No se ha investigado la muerte de 6 trabajadores en dos graves accidentes laborales ocurridos en un lapso de 6 meses. En 2017, cuatro operarios de Sameep ingresaron a una cámara de registro cloacal bajo el pavimento de Puerto Vilelas y murieron en cuestión de segundos, envenenados por los gases acumulados en su interior. Seis meses antes, se produjo un accidente idéntico en una boca de registro cloacal de Tres Isletas, resultado del cual también fallecieron 2 trabajadores de Sameep. En ningún caso contaban con máscaras ni ropa de seguridad, justamente uno de los reclamos del conflicto que suscitó esta condena.

El directorio de Sameep es designado por el Gobernador Capitanich constituyendo una caja negra de los allegados al poder. En 2019 la fiscal del Tribunal de Cuentas, Liliana Soto, emitió un dictamen por medio del cual recomendó iniciar un Juicio Administrativo de Responsabilidad contra Gustavo Martínez, ex presidente de la empresa y actual intendente de Resistencia, así como a su cuñado Claudio Westtein, que lo sucedió en la presidencia de Sameep por irregularidades contables vinculadas al pago de proveedores a través de cuentas sueldo.

A estas denuncias se agregan los anuncios de obras que nunca se realizaron, la falta de suministro a barrios de Resistencia y la ausencia de pagos del servicio en complejos habitacionales en alquiler cuyos dueños son familiares de los directivos.

En este contexto el Juez Azcona se postula en el concurso para ocupar la vacante de Juez en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, lo que deja a la población de la Provincia expuesta a su arbitrariedad y connivencia con el poder político.

Es la independencia del SOSCH y su denuncia permanente de los graves incumplimientos e irregularidades de Sameep la causa principal de esta persecución.

Por este motivo la diputada Romina Del Plá presentó un proyecto de Resolución que repudia estas condenas, y, luego de fundamentar su pedido a la Cámara, expresa “La criminalización de la protesta que se agita desde las diversas fuerzas políticas patronales tiene intereses muy concretos para proteger. Se estigmatiza al movimiento de desocupados, porque aún con la miserable remuneración que reciben establecen un piso para los trabajadores ocupados. Se persigue a los trabajadores y pueblos originarios de Jujuy porque defienden sus territorios de la depredación de la minería del litio. Así también se fraguó la condena a tres años de prisión de los compañeros Cesar Arakaki y Daniel Ruiz, que manifestaban contra la reforma previsional en diciembre de 2017, por la ‘íntima convicción’ del juez Javier Feliciano Ríos, que también actúa como tribunal unipersonal, a pesar de que el policía herido se apartó de la causa por considerar que ninguno de los acusados era responsable del hecho. Como denuncian los compañeros del SOSCH “esta condena sin ningún tipo de asidero y sin pruebas que lo demuestren, dan cuenta de una actitud hoy generalizada hacia la clase trabajadora, y no se efectúa únicamente a un sindicato o a un dirigente, sino con el fin de aleccionar y condenar la lucha en términos generales y a sus genuinos dirigentes”.

Para defender a los dirigentes del SOSCH y a todos los compañeros criminalizados por luchar este 14 de Septiembre vamos con todo y en todo el país junto al movimiento piquetero.

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