El pasado sábado, en horas de la mañana, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), dependiente de la Policía Bonaerense, irrumpieron en una vivienda situada en la calle Rawson al 1800, ubicada en Villa Albertina, municipio de Lomas de Zamora. Los policías ingresaron al domicilio partiendo de una orden de allanamiento dispuesta por el fiscal Carlos Baccini, de la UFI 15 de dicha localidad, a fines de dar con electrodomésticos robados de la escuela secundaria N° 26. Sin embargo, la misma era completamente imprecisa. Los integrantes del GAD, en lugar de ratificar los datos con el juzgado, optaron por ejecutar el procedimiento sin mayores garantías, por lo que acabaron rompiendo la puerta de entrada de la casa de al lado.

Una vez dentro de la vivienda, los efectivos redujeron, maniataron con precintos y le pisaron la cabeza al padrastro de la víctima. Por su parte, algunos de ellos apuntaron sus armas contra su madre, que cargaba en brazos a su hermana de 2 años. En medio del tumulto, Ignacio, de 17 años, se despierta y decide salir de su cuarto para ver qué era lo que ocurría. Al no tener picaporte la puerta de su habitación utilizaba un cuchillo para suplirlo. Cuando el policía que lo atacó vio que el adolescente tenía el utensilio en la mano le disparó al rostro sin mediar palabra, dar la orden de alto o intentar reducirlo. Un balazo de postas de goma le alcanzó el lado derecho de su cara, por lo que cae tumbado al piso. En ese momento, el resto de los policías lo comienzan a patear en el piso al grito de “negro de mierda”, “chorro”, “hijo de puta”, tras lo cual lo dejaron finalmente tendido en el suelo. Luego de casi una hora en la cual Ignacio estuvo reducido y tirado en el mismo lugar, una ambulancia arribó al domicilio. La misma se dirigiría entonces al Hospital Gandulfo, donde los esfuerzos de los médicos no lograron salvarle el ojo a la víctima.

Como si fuera poco, los efectivos implicados irrumpieron en otras casas aledañas y secuestraron elementos para justificar su accionar. Así fue que rápidamente anunciaron en las redes sociales un operativo exitoso, tras el cual lograron dar con el domicilio del responsable. En él, se atajaron de antemano, ante el procedimiento criminal, presentando una serie de falsedades, y adjuntando incluso imágenes de los elementos sustraídos de la vivienda y de las de su alrededor. La investigación recayó entonces sobre la UFI 8 de Lomas de Zamora, en manos del fiscal Sebastián Bisquert.

La familia salió rápidamente a pedir justicia y exigieron mediante un comunicado que el Estado se haga cargo de tamaña violencia policial. El padrastro de Ignacio sentenció que “Le arruinaron la vida de una forma muy salvaje”. Fueron recibidos entonces el día lunes por Matías Moreno, subsecretario de DDHH, y Eva Asprella, directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Tras la reunión, los mismos “condenaron” el accionar de los agentes, el que fue presentado como un hecho ajeno de las responsabilidades que le caben al poder político.

En las últimas horas, se comunicó entonces la decisión de separar al policía que efectuó el disparo. Por su parte, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires le inició un sumario. Sin embargo, todo esto se trata a las claras de un operativo de distracción. Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio los casos de gatillo fácil, abusos y violencia policial se han multiplicado exponencialmente, siendo uno de los últimos ejemplos el brutal asesinato de Facundo Scalzo por la gendarmería en Bajo Flores, CABA. Un factor común en la mayoría de ellos es que cuando los mismos trascienden y despiertan el repudio popular se los busca presentar en los hechos como “casos aislados”, y como respuesta se “aparta” de la fuerza a los autores materiales. De esta forma, se allana el camino para garantizar la impunidad de los responsables políticos del reforzamiento y endurecimiento del descompuesto aparato represivo, así como se encubre la naturaleza misma de un Estado que necesita valerse de esta violencia policial. Basta con ver, por ejemplo, en la misma provincia, las recientes militarizaciones de Villa Azul y Villa Itatí, o las represiones y desalojos en Penta y La Nirva.

Mientras el gobierno provincial, encabezado por el gobernador Kicillof, busca desentenderse de sus responsabilidades una y otra vez, el propio Berni, defensor de la mano dura y el gatillo fácil, pide duplicar la cantidad de efectivos de la Policía Bonaerense ante el avance del Covid-19. Esto implica claramente que los casos de abusos policiales y gatillo fácil se multiplicarán en el próximo período. Lo que los agentes del GAD han hecho contra Ignacio y su familia no es un caso aislado, sino que brota de las entrañas mismas de un Estado que acrecienta una escalada represiva al compás del recrudecimiento de la crisis y la pandemia.