El 27 de marzo, la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del abogado Mariano Kierszenbaum, habría dictado la Resolución DI-2020-10511612-GCABA-DGRPJ por la cual se habilita al Estado a encarcelar a les adolescentes que incumplan con la cuarentena dispuesta por decreto nacional.

Esta Resolución dispone que el inmueble sito en la calle Zamudio N° 3051 de la Ciudad, donde habitualmente funciona la Residencia Socioeducativa de Libertad Restringida “Juana Azurduy”, dependiente de esta Dirección General, será utilizado durante la vigencia de la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, como Residencia Socioeducativa de Libertad Restringida destinada a aquellos adolescentes que muestren franca oposición al cumplimiento de dicha medida.

Esta resolución esconde que se trata de una persecución a las y los adolescentes para que sean inmediata y arbitrariamente encarcelados, sin ningún tipo de procedimiento previo. Es una regresión de derechos que retoma el régimen de patronato, donde los jóvenes no tienen derechos a una defensa en juicio, sino que el Estado, en su carácter de guardián, “vela por seguridad”, aunque ello signifique el encierro indeterminado.

Esta resolución, además, habla de Adolescentes. Esa nomenclatura no es un error técnico, sino que lleva consigo una decisión política puesto que, para la ley, adolescente es toda persona de 13 a 18 años. De este modo, tampoco se distingue entre persona punible o no. Con esto se llega a un viejo anhelo de la burguesía, expuesto por todos los gobiernos de bajar la edad de imputabilidad. El Estado utiliza a la pandemia y al aislamiento, como medida de control social y de avance sobre todos los derechos.

El diputado del FIT-PO Gabriel Solano, presentará un pedido de informes a reclamará la derogación de esta resolución.

El Estado debe proveer a los jóvenes, en especial a los que están en situación de calle y los más desprotegidos, de medidas de seguridad e higiene que los mantenga a salvo del contagio de coronavirus y otras enfermedades y garantizar la entrega de alimentos en lugar de recurrir a la prisión.