En el día de la fecha, el diario Clarín publicó una parte de un informe secreto de Gendarmería Nacional que se filtró a los medios, donde consta la tarea de espionaje que realizaron sobre la gran lucha de los mineros de la localidad neuquina de Andacollo (que acaba de concluir una etapa con la conquista de un compromiso de continuidad de los puestos de trabajo)

El informe de la fuerza represiva está fechado en un día clave, el 29 de abril –cuando, ante la estafa que constituyó un primer acuerdo violado impunemente por la empresa, los mineros decidieron volver a marchar sobre la capital de la provincia. Al hacerlo, confluyeron con organizaciones como el Polo Obrero que reclamaba por ayuda social y con la oposición de la gremial Aten, que exigía la cobertura de cargos docentes; fue un día bisagra en este conflicto, porque sentó las bases de una unidad por abajo entre mineros y organizaciones obreras de la capital, que a la postre contribuyó mucho para la victoria posterior.

El documento filtrado da cuenta de las acciones de lucha realizadas en el marco del conflicto y, acorde a algunas denuncias de diputados que habrían accedido a la totalidad del mismo, sugiere la infiltración de la fuerza en las asambleas de los mineros.

Esta evidencia del espionaje prueba que los allanamientos que esa misma fuerza realizó durante la madrugada del 13 de mayo, en pleno conflicto, sobre las viviendas de los mineros, no era un acto de “constatación de domicilio”, como infantilmente pretendieron dibujarlo, sino parte de la tarea salvajemente represiva que Gendarmería en todo momento desarrolló contra esta lucha, desde los bloqueos que realizó para impedir el paso de las caravanas hasta el hostigamiento constante al piquete en la localidad Arroyito.

Hay que entender estas acciones dentro de un plan represivo más general. No son “excesos” descolgados de algún comandante díscolo, como pretenderán presentarlos desde el oficialismo.

Queda así demostrada la directa responsabilidad del gobierno nacional en la tarea represiva, la que se desarrolló conjuntamente con la policía provincial. Mientras el bloque de diputadas/os del Frente de Todos se presentaba como un “amigo” de los reclamos mineros, su gobierno los espiaba ilegalmente. Buscan regimentar las luchas obreras desde todos los flancos.

La existencia del informe apunta a la directa actuación de la ministra Sabina Frederic -la funcionaria que anunció el famoso “ciberpatrullaje”- y las cúpulas de las fuerzas represivas contra la lucha popular, en ese caso contra una empresa que se borró y desapareció de golpe, dejándolos en la calle.

Los gobiernos deberían explicar cómo se les escapó la tortuga (la empresa), pero jamás podrían hacerlo dado su abierta complicidad con la patronal. La democracia capitalista no sobreviviría demasiado sin que los “sótanos” de la misma ejerzan su tarea de control y represión social.

Este escándalo del espionaje recién comienza, y se debe investigar a fondo, porque esa tarea se debe haber extendido a las organizaciones políticas y sociales que apoyamos el reclamo.

La diputada Patricia Jure, y a nivel nacional la diputada Romina Del Plá, pedirán que la ministra Frederic rinda cuentas de estas acciones y saque a la luz toda la tarea de infiltración, y no solo una parte.