El jueves 26 de julio, se realizó en Güemes la primera marcha contra la tortura y contra la impunidad. La marcha contó con la presencia de las familias que se han empezado a movilizar los viernes en Salta, los familiares de los chicos torturados -quienes salen en el video que recorre el mundo- y militantes del Partido Obrero del departamento Güemes junto al diputado Claudio del Plá y al ex diputado Pablo López.

La marcha se desarrolló en un cuadro complejo. No sólo debido a la fuerte presencia policial -que incluyó personal de civil y hasta la infantería-, sino a raíz de una enorme campaña de justificación de la tortura por parte del aparato represivo y de los familiares de los policías torturadores, los que han distribuido masivamente un volante con el supuesto prontuario de los torturados.

Sin embargo, la marcha culminó en un acto frente a la propia comisaría 11 -donde se filmó el video- que denunció que la tortura es un método sistemático de la policía.

La situación en el departamento es la de una polarización muy fuerte entre los que justifican la tortura -alimentados por la campaña policial y por el crecimiento del delito- y los que no la aceptan de ningún modo.

La presencia del PO en la marcha contra la tortura llamó la atención de los medios locales. Pablo López estuvo una hora en el principal programa político del departamento, donde describió un panorama del accionar de la policía salteña, de la impunidad de la que goza como contraparte de que son los ejecutores de la represión al pueblo. También explicó que en Salta cada vez hay más denuncias de torturas y de apremios, y, al mismo tiempo, más crímenes impunes. Recordó la experiencia del PO en el departamento, cuando en Campo Santo se organizó a un grupo de familias para denunciar al narco del pueblo: en lugar de ser atendidos, fueron reprimidos. La presencia de los compañeros en los medios tuvo una gran repercusión. Al día siguiente, otros medios entrevistaron al compañero Ramón “Coya” Corregidor, a quien le acercaron nuevos casos y denuncias contra la policía.

El tema ha provocado una verdadera crisis provincial. El ministro de Seguridad no quiso dar ante los diputados las estadísticas de los casos denunciados y de los que tuvieron condena. Los dio a conocer, finalmente, el presidente de la Cámara: 1.900 denuncias en los últimos seis años y sólo tres condenas. Si a esto le sumamos que la mayoría de los casos no son denunciados, la situación es gravísima. El intendente de Campo Santo ha salido en todos los medios denunciando que uno de los torturadores golpeó a su hijo hace unos años, delito por el que fue sobreseído y luego ascendido en la Policía. Esto recién empieza.

Hay una autoridad ganada por el PO en la sistematicidad de las denuncias de todos y de cada uno de los atropellos policiales. También por su apoyo incondicional a la lucha de la Comisión de Familiares contra la impunidad. Se está preparando un folleto sobre el papel de la policía en la provincia y sobre su descomposición sin retorno, denunciando la complicidad del gobierno.

Abajo la tortura. Basta de impunidad.