Hábeas Corpus contra el protocolo de Bullrich y por el derecho a manifestación

Dirigentes de los DD.HH. y la izquierda presentaron la medida ante la Justicia para denuncian la ilegalidad e inconstitucionalidad del instrumento represivo del gobierno.

Foto: Federico Imas @ojoobrerofotografía.

Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Néstor Pitrola (Partido Obrero), Elizabeth Quintero (Serpaj) y Liliana Alaniz (Apel-PO) presentaron un Hábeas Corpus contra el protocolo antimanifestaciones de Patricia Bullrich, en las vísperas de la movilización convocada para este miércoles 20 de diciembre. Denuncian que está amenazada la libertad ambulatoria y la integridad física de los manifestantes, y señalan la manifiesta ilegalidad e inconstitucionalidad del protocolo represivo.

La presentación apunta a detener la ejecución de las medidas represivas anuncias por Bullrich, las cuales amenazan directamente distintos derechos y principios constitucionales, como “la libertad de circulación, derecho a la protesta, libertad de asociación y reunión, derecho a la intimidad, derecho a huelga y libertad sindical, libertad de expresión y libertad personal y principios de reserva, legalidad, republicano de gobierno, racionalidad y control de actos de gobierno y división de poderes”, según señaló Alaniz.

Este 20 de diciembre se espera una masiva movilización, desde Congreso a Plaza de Mayo, a 22 años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuya represión originó la muerte de 38 manifestantes. En este marco, las organizaciones piqueteras, sindicales, de DD.HH. y políticas convocantes denuncian las amenazas represivas del gobierno nacional y el plan de ajuste que se desenvuelve contra los trabajadores.

El dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, señaló que con el protocolo de Bullrich “estamos ante la suspensión de garantías y derechos constitucionales que el nuevo gobierno piensa avasallar (…) lo que implica en los hechos el dictado de un Estado de Sitio no declarado y por tanto anticonstitucional”. También denunció las amenazas intimidatorias de filmación e identificación facial de los manifestantes, las cuales “son violatorias de la ley de inteligencia 25.20 que prohíbe expresamente esa práctica de espionaje sobre organizaciones populares”.

Entre los reclamos de la manifestación de este miércoles 20 se encuentra el derecho alimentario de millones de personas, afectado por las medidas hiperinflacionarias del gobierno de Javier Milei, al tiempo que se congelan los salarios, jubilaciones e ingresos populares.

La abogada Liliana Alaniz señaló que “quien se ha colocado violentando la ley y los derechos legales y constitucionales no son los manifestantes de mañana, sino la ministra Patricia Bullrich. La protesta social y la movilización política son derechos constitucionales”.

Quienes realizaron la presentación esperan una resolución favorable ante la Justicia penal, agregando que la movilización a Plaza de Mayo tendrá lugar de todas formas, con decenas de miles de personas ganando las calles contra el ajuste, la represión y el hambre.

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