En estas páginas se viene reflejando desde hace cuatro meses la intensa solidaridad popular con el PO, que está sometido a un proceso Judicial que amenaza con enviar a la cárcel a la mayoría de su dirección y con la ilegalización del partido. Este proceso tiene toda la traza de la persecución política y de la insustancialidad Jurídica, es decir de la arbitrariedad. Constituye una amenaza a las libertades democráticas. Por eso la campaña por el cese de este juicio persecutorio debe proseguir más que nunca. El régimen de la hiperinflación y del hambre sostiene a este proceso como una espada de Damocles porque se sabe incapaz de evitar la repetición de esos flagelos. En esta edición de Prensa Obrera hemos tomado la iniciativa de entrevistar al compañero Juan Carlos Capurro, apoderado legal del PO, para esclarecer las principales alternativas del ataque que sufre nuestro partido.

P.O.: ¿Cuál es la situación actual del proceso contra el PO?

J.C.C.: Está en la etapa de instrucción. En este período el fiscal busca acumular las pruebas que avalen su pedido de condena. Hasta ahora no encontró ninguna. Pero, simultáneamente, la Cámara Federal tiene todavía a resolución el pedido del fiscal para que se dejen sin efecto las excarcelaciones otorgadas. De prosperar este planteo, todos los procesados deberíamos ser nuevamente detenidos y pasar en prisión todo el tiempo que dure el proceso.

P.O.: ¿Por qué no hubo aún resolución?

J.C.C.: La burocracia judicial tiene un ritmo habitualmente lento, pero lo que ocurre es que la fiscalía se encuentra con el problema de que no existen pruebas contra el Partido Obrero. Lo que está haciendo ahora es ratificar algunas diligencias producidas durante nuestras detenciones. Se trata de trámites puramente administrativos. El fiscal no ha conseguido ningún elemento que avale su posición.

P.O.: ¿Y entonces en qué basa su acusación?

J.C.C.: Todo el proceso está montado sobre la interpretación dada a volantes atribuidos al Partido Obrero. Técnicamente se trata de una prueba insustancial. Pero el hecho de que la causa prosiga su curso a pesar de esto, revela el carácter subjetivo del proceso y la filiación política de la acusación.

P.O.: ¿Qué se le imputa a los procesados?

J.C.C.: Basándose en el artículo 213 bis del Código Penal, se nos imputa la pretensión de imponer ideas por medio de la fuerza o el temor, un delito penado entre tres y ocho años de prisión.

Este artículo penal es un verdadero engendro antidemocrático. Su antecedente es un decreto firmado por Frondizi en la época del plan CONINTES (1959).

Ante la ola de huelgas contra su política proimperialista la burguesía se da cuenta que no tiene una legislación represiva para las asociaciones legales como los partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, comisiones internas, etc. Entonces inventa la figura de “asociación lícita que comete un ilícito", que es el artículo 213 bis.

Se reprime así a toda organización legal que pretenda “imponer sus ideas por la fuerza o el temor". Por “temor” o “fuerza” se entiende cualquier cosa, por ejemplo una huelga, una manifestación, o un piquete. Con esto, el Código logra burlar los derechos consagrados en la Constitución. Porque es evidente que el Código no se refiere a hechos de violencia punibles como tales sino a otros hechos que no pudiendo ser penados se les atribuye una finalidad ideológica. Con esto el artículo 213 bis consagra la persecución política. El juez dice "la propuesta de PO de organizar una manifestación es delictiva, porque se daba en el marco de una crisis nacional". El poder judicial se arroga así la tutela sobre la orientación de los partidos políticos legales, sobre volantes y declaraciones.

Significa la abolición de la libertad de expresión.

P.O.: ¿El 213 bis tipifica la persecución ideológica?

J.C.C.: Así es. La violencia o coacción está penada en otros artículos El 213 bis reprime las ideas Esta es la clave del artículo.

Es la represión del delito de opinión. La base social de este tipo de pensamiento digamos "jurídico", lleva directamente a la quema de libros. Por eso en la declaración indagatoria el fiscal preguntaba acerca de la concepción que los compañeros tenían de la violencia en las luchas políticas.

P.O.: ¿Cómo juega en todo esto el estado de sitio?

J.C.C.: Nuestras detenciones se producen bajo el estado de sitio. Pero no se nos pone a disposición del Poder Ejecutivo. Se nos hace un proceso, en cambio, que perdura por encima del estado de sitio.

Es digna de análisis la conducta del juzgado. El estado de sitio fue dictado por decreto del entonces presidente Alfonsín. Esto es abiertamente inconstitucional, ya que el estado de sitio en épocas de funcionamiento del Congreso, debe ser dictado por éste. El poder judicial debe ejercer lo que se llama el "control de razonabilidad" de las medidas tomadas bajo el estado de sitio. La primera debe ser el de controlar si ese estado de sitio es correcto o no.

El juez que nos detiene, en cambio, nos endilga no haber acatado políticamente ese decreto inconstitucional. Lo caracteriza como un empeño a favor de la “tranquilidad pública". A partir de esto caracteriza nuestras propuestas de lucha contra el saqueo capitalista como pretendiendo subvertir el orden público y tomar el poder. Es decir que pretende que nos hubiéramos sumado a la política de Alfonsín. El juez convalida la ilegalidad de la situación creada por Alfonsín. Para el criterio del juez debíamos hacernos cómplices, en términos políticos, de esta situación.

P.O.: ¿Puede prosperar entonces este juicio?

J.C.C.: Si se aplica el derecho, si se contempla la legislación vigente, es evidente que no se puede seguir este proceso legalmente. Su prosecución opera como un intento de ataque contra nuestro partido. No hay que olvidar que el proceso involucra a la dirección de nuestro partido. Se está persiguiendo a toda una dirección.

P.O.: ¿Qué papel ha jugado en todo esto la solidaridad manifestada hacia el PO?

J.C.C.: Ha sido, es y será fundamental. Los telegramas y cartas que siguen lloviendo de todo el país y del mundo entero contra este proceso son claves. Tanto sobre el juzgado como sobre el gobierno actual, que ha tomado la posta en este juicio iniciado por los radicales y lo prosigue sin mosquearse.

En este contexto es significativa la conducta de los partidos políticos patronales. Ninguno ha dicho absolutamente nada cuando lo que está en juego es la cárcel contra toda una dirección política. Se han puesto del lado de la burocracia del Estado y del aparato de represión. Esto caracteriza ya holgadamente la artificialidad de los partidos burgueses en relación a su independencia de la burocracia estatal.

Es fundamental continuar y profundizar la campaña contra este proceso. Sólo podemos triunfar si la presión nacional e internacional desenmascara a este juicio. No tenemos ilusiones “jurídicas”.

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Solidaridad de la APDH de Neuquén

"La APDH Neuquén expresa su más enérgica condena y repudio a la prosecución de la causa penal iniciada contra los militantes y dirigentes del Partido Obrero.

"La continuidad de tan injusto proceso, basado en razones exclusivamente Ideológicas, implica una peligrosa limitación al ejercicio de las actividades políticas y de las libertades públicas establecidas en la Constitución Nacional, incompatible con el sistema democrático.

‘Ante el procesamiento de los dirigentes del Partido Obrero no podemos dejar de señalar que, mientras se enjuicia y persigue a militantes y luchadores del campo popular se libera a través del indulto y el desprocesamiento judicial a los responsables del genocidio y la miseria del pueblo argentino.

'Por todo ello, exigimos el inmediato cese de las actuaciones judiciales referidas y expresamos nuestra solidaridad con todas aquellas organizaciones y militantes que luchan por la Libertad y la Justicia. "

Neuquén, 29 de octubre de 1989

Por JUNTA PROMOTORA APDH DEL NEUQUEN

Noemí Alemany

José Pacheco

Carlos Segovia

Susana Pino

Oscar Ragni

Sara Mansilla

p. Bernardo Busto

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De Derechos Humanos de la UBA

Buenos Aires, 9 de octubre de 1989

“Las Secretarias de DD.HH de Ciencias Sociales de la U.B.A. exigimos el inmediato cese del juicio a los compañeros del Partido Obrero como parte de una campaña destinada a amedrentar y perseguir a las organizaciones y militantes populares. Asimismo, repudiamos todo intento de proscripción de los partidos de izquierda, en defensa de las libertades democráticas."

Sec. de D.D. H.H.

Sociología

Cs. de la Comunicación Trabajo Social

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Repudiamos la agresión contra Rodolfo Nadra

Un grupo de uniformados violó el domicilio del secretario de redacción del diario "Sur", Rodolfo Nadra. La acción forma parte de la oleada de provocaciones que se ha desatado contra la izquierda luego de la sanción del indulto. Luego del indulto la mano de obra "desocupada", ha encontrado mayores oportunidades de empleo. Se trata de un nuevo paso en la persecución política que lleva adelante el gobierno de Bunge y Born. Se prepara así para aplicar palos y mano dura contra el pueblo, para mantener salarios de hambre y entregar el patrimonio nacional al imperialismo.