Las torturas a las que fue sometida la hija de Hebe de Bonafini, en su propia casa, por parte de un comando que contaba con apoyo exterior, no solamente es un acto de venganza de los terroristas de Estado que operan contra los militantes populares.

Su significado político es golpear a quienes combaten contra el "gobierno de unidad nacional" que impulsa Cavallo bajo las órdenes directas del FMI. El último informe de éste sobre Argentina destaca como el principal problema del país, no el hambre, la desocupación o la bancarrota capitalista, sino la falta de "gobernabilidad", la cual propone remediar con un gobierno del conjunto de los partidos patronales. Perciben como una falta de "gobernabilidad" no solamente a la creciente insurgencia popular sino a la propia disgregación del Estado capitalista, como se manifiesta en el juicio por el contrabando de armas; en la investigación del lavado de dinero y la revelación de que el Citibank ha operado como el principal delincuente económico en los últimos diez años, con ramificaciones en los negociados de IBM; en las denuncias contra Brinzoni por las matanzas en Margarita Belén; en definitiva, el temor de que el gobierno puede caer como consecuencia de los delitos cometidos por sus políticos.

No se puede separar el crimen perpetrado contra la hija de Hebe de Bonafini de los poderes crecientes que se están otorgando a la policía y de las torturas masivas que se cometen en las comisarías de la provincia de Buenos Aires.

La política de reforzar el estado policial contra la insurgencia popular no puede abstenerse del secuestro y de la tortura. Esta es la advertencia política que encierra el atentado contra la hija de Hebe. La respuesta a esta contraofensiva del sistema debe ser el refuerzo de la organización y de la militancia; la movilización contra la represión; y la unidad para acabar con el gobierno de De la Rua-Cavallo y elegir una asamblea constituyente soberana.