Este lunes está previsto que se dicte la sentencia en el juicio que enfrentan altos funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la policía provincial, durante el gobierno de Alperovich, por encubrimiento en el caso de Paulina Lebbos.

Los acusados son Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad; Hugo Sánchez, ex jefe de la Policía provincial; Nicolás Barrera, ex subjefe de Policía; Héctor Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte y Hugo Rodríguez, ex oficial de la policía. También está imputado, en este caso por el delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, Roberto Luis Gómez, quien usó el chip del celular de Paulina.

Todos estos personajes, desde el mismo momento en que fueron denunciados, fueron protegidos por Alperovich, quien incluso los premió con ascensos en sus cargos y cuando sus situaciones se hicieron insostenible, con jubilaciones de privilegio. El juicio oral duró más de un año. Comenzó el 6 de febrero del año pasado, y por el mismo pasaron 156 testigos, varios de los cuales resultaron detenidos por falso testimonio.

El encubrimiento político comenzó el mismo día que se encontró el cuerpo de Paulina. Ese día sesionó la Convención Constituyente donde el PO tenía una bancada con dos convencionales. Desde esa posición, y ante el cuadro de conmoción provincial, el PO planteo que la Convención que se reunía por primera vez, que tomara como primer punto el caso Paulina y procediera a conformar una Comisión Investigadora responsable ante la propia convención. El planteo fue cajoneado pero fueron desenmascarados. Desde el centro de estudiante de Filo que presidía el PO, en la facultad donde estudiaba Paulina, ese mismo día convocamos a una enorme marcha que fue la piedra basal en al conformación de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad que durante 13 años, todos los martes sin excepción, organizó marchas reclamando contra la impunidad, y justicia por Paulina y centenares de casos que se fueron sumando y produciendo a lo largo de todos estos años. Se produjeron grandes actos, enormes audiencias públicas, se llegó a los medios nacionales y al Congreso Nacional donde nuestros diputados convocaron a todas las organizaciones de DDHH y presentaron proyectos de interpelación ante este caso de crimen del poder.

El Partido Obrero ha sido el factor casi exclusivo en el desarrollo y sostenimiento de todo este movimiento defendiendo la organización independiente de los familiares frente a los gobiernos y el Estado.

A lo largo de todo el juicio, diversos testimonios pusieron al descubierto lo que se denunciaba en cada marcha: la participación de todo el régimen político provincial en el encubrimiento del crimen. Esta responsabilidad no sólo envuelve a Alperovich sino también a Manzur, quien para la época del crimen de Paulina fue quien presidió la Convención Constituyente. Hoy, son Manzur y Alperovich quienes se disputan el poder en la provincia en nombre de Cristina Kirchner en ambos casos, lo que debe llamar a la reflexión política a toda la militancia sobre el carácter pasado y presente del kirchnerismo, asentado en la trama de intereses capitalistas y sus mafias de punteros que gobiernan la provincia con el régimen de la impunidad y el fraude.

Pero Cambiemos no se salva, la impunidad de este crimen del poder abarca a todo el régimen de partidos patronales en su pudrición. Todos los bloques de la legislatura, oficialistas y opositores le dieron la espalda a este proceso de lucha. Muchos de los que hoy se visten de Cambiemos, como el intendente de la Capital, Alfaro, la diputada Beatriz Ávila, y hasta Libre del Sur, hoy en el gobierno de Cambiemos de la Capital, s integraban el gobierno de Alperovich.

El Tribunal tiene sobradas pruebas para condenar a todos los actuales imputados y ordenar la investigación de nuevas pistas que permitan avanzar sobre los autores materiales y las responsabilidades políticas del encubrimiento del crimen, que llegan al propio Alperovich.

Hay otros juicios en curso, donde está imputado el fiscal que tuvo más tiempo la causa, el fiscal Albaca.

Así como la realización del juicio fue un triunfo de la lucha, las condenas con cárcel efectiva a todos los imputados sería otra victoria popular que debe servir para reforzar la lucha y a la Comisión de Familiares para avanzar en la cuentas pendientes del caso Paulina, y para arrancar justicia en los centenares de otros casos impunes que todos los martes en las marchas se nombran a viva voz.

Para el Partido Obrero este proceso de lucha debe abonar la conciencia de la necesidad de acabar con el régimen de impunidad, desmantelar su aparato policial corrupto y represivo, su justicia cómplice y de clase o sea con el actual régimen político provincial donde manzuristas, alperovichistas, radicales de cambiemos y bussistas se dan de la mano en la legislatura, los concejos, en el encubrimiento no solo de los crímenes de Estado, en los grandes delitos de la droga y la trata, sino en todo el mar de negociados a costa del crecimiento de la miseria del pueblo y en una santa alianza para defender los intereses del clero contra los derechos de la mujeres, de la educación y la salud pública.

Acabar con este régimen, implica que la vanguardia que cotidianamente se pone a la cabeza de las luchas debe unificarse para imponer mediante la lucha en las calles y mediante una alternativa política de los trabajadores, una reorganización social, económica y política sobre otras bases sociales, las de la mayoría trabajadora nacional.