Detrás de la aparición del nieto de Carlotto

La restitución del nieto 114 detonó una polémica entre Estela de Carlotto y la jueza que investigó su paradero durante los últimos diez años, María Servini de Cubría.

El motivo aparente fue la pretensión de Abuelas de Plaza de Mayo de que la causa pasara al juzgado federal de La Plata, a cargo del recientemente fallecido juez Manuel Blanco. El planteo contó con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y fue finalmente rechazado por Servini.

El pedido de Carlotto fue sorprendente, porque el juez Blanco -quien instruyó la causa por los crímenes cometidos en La Cacha, uno de los campos de concentración por los que pasó la hija de Carlotto- demoró más de diez años en elevarla a juicio oral. Las denuncias de Hijos La Plata y del colectivo ¡Justicia Ya! (que integra Apel) contra Blanco son demoledoras. En resumen, no podía caber ninguna expectativa de que Blanco agilizara la investigación.

La pretensión extemporánea de Abuelas de traspasar la causa resulta inseparable de la defensa que realizó Estela de Carlotto de los “padres de crianza” de Ignacio/Guido, una pareja de peones de Olavarría que asegura que su patrón les entregó al niño recién nacido 36 años atrás sin revelarles su origen. Para Estela, se trata de “una familia de bien”. Según Servini, “son apropiadores hasta que me demuestren lo contrario (…) Todos los padres de crianza que yo llamé a declarar están todos detenidos y condenados por apropiadores”, declaró (Clarín, 8/9).

La restitución de la historia de los chicos apropiados por los represores no es intercambiable por la impunidad de los apropiadores. Las apropiaciones de hijos de desaparecidos involucran al clero -en particular, al Movimiento Familiar Cristiano- y a muchos cómplices civiles de la dictadura. La madeja debe desenvolverse hasta el final.

Esto requiere, en primer lugar, que se abran de los archivos de la dictadura y el acceso público e irrestricto a todos ellos.

 

Jacyn