Finalmente, el Ministerio Fiscal de Instrucción de 1° Nom. de la provincia de Catamarca, resolvió solicitar el sobreseimiento de los piqueteros Traverso, Sacava y Sánchez (Polo Obrero), Godoy y Acosta (Cta), y Soria (Partido Humanista), en relación a un delito calificado como “entorpecimiento de servicio público terrestre” (art. 194 del Código Penal).

La medida contiene en sus fundamentos, según lo refiere el acto, considerar que el accionar de los piqueteros no es antijurídico, pues constituye, el piquete, el legítimo ejercicio del constitucional derecho de reunión; ya que esencialmente el mismo importa la legítima reunión de personas que reclaman, entre otras cosas, alimentación, fuentes de trabajo, asistencia médica, con desmedro a la libre circulación y transporte de los conciudadanos, que entorpece tanto como lo hace una asamblea barrial, una protesta estudiantil o un escrache.

Otros de los fundamentos es la contemplación del art. 19 de la CN, según el cual “…ningún habitante de la Nación puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe”, considerando que una conducta no puede ser antijurídica si no se encuentra en contradicción con el orden jurídico, de modo que lo que el derecho autoriza en una norma, no puede prohibirlo en otra.

También se aduce que “no se les puede negar a las personas el derecho de encauzar el reclamo de las consecuencias casi terminales que se sufren de la crisis socioeconómica, so pretexto de que causen males o retrasos en el tránsito, lo que significaría incurrir en una ponderación de males poco razonables, porque sin duda los males que quieren evitar son muchos mayores que las molestias transitorias causadas”.

Desde ya considero que los términos expresados por tal acto hacen “justicia” respecto de este tipo de cuestiones, considerando siempre lo manifestado por Altamira en el discurso de asunción de Elena Cruz: que este país se asienta en la “mentira jurídica”, y no en la justicia.

Sin más, hasta pronto.