Baja de la edad de imputabilidad, expulsión de inmigrantes, compra de picanas Taser para utilizarlas en “grandes aglomeraciones”…

El gobierno comenzó el año esbozando una agenda represiva que se enlaza con otras medidas adoptadas durante los últimos tres años. Nos referimos a la rehabilitación de las fuerzas armadas para la represión interna en nombre de “la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”; la militarización de la Patagonia, la criminalización de los mapuche y los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel; el “protocolo” que institucionaliza el gatillo fácil y el procesamiento de los luchadores contra la reforma previsional, entre otros. Este reforzamiento represivo contará con el andamiaje del nuevo Código Penal, consensuado por el gobierno y el pejota, que prevé la exención de responsabilidad penal para los miembros de las fuerzas durante “el cumplimiento de sus deberes” y la diferencia de trato entre nacionales y extranjeros ante la ley. 

Es cierto que el gobierno apela a la demagogia punitivista para intentar disimular el fracaso completo de su gestión económica, convirtiendo en chivos expiatorios a la juventud y a los trabajadores migrantes. Percibe que puede obtener un rédito electoral residual del “efecto Bolsonaro”, para contener el descontento frente al derrumbe de los salarios y el empleo.

Pero ante todo, este reforzamiento represivo tiene la mira puesta en las luchas obreras y populares frente al ajuste. Es una señal dirigida a la clase capitalista, ante la cual el gobierno quiere exhibir determinación para avanzar en la imposición de la reforma laboral, la desvalorización de la fuerza de trabajo y la liquidación de las reservas de la Anses.

Ahora bien, el gobierno no está solo en esta faena. Los gobernadores que aplican el ajuste en sus provincias son también los que levantan los palos contra los luchadores, desde Tierra del Fuego y Santa Cruz –donde las gobernadoras pejota-K desaforan y criminalizan a los que luchan– hasta Mendoza y Jujuy, donde los gobernadores de Cambiemos persiguen a la oposición popular, especialmente a la izquierda. En el caso de Jujuy, la persecución ha dado un salto, con el inicio de causas judiciales contra los representantes y organizaciones políticas comprometidas con las movilizaciones y protestas.

No podemos soslayar que en el campo de la “oposición” patronal, la cual ha colaborado a fondo con el ajuste, revisten los Berni, los Pichetto y los Massa, cuyos planteos represivos y xenófobos poco tienen que envidiarle a los del oficialismo. Cómo podrían estos oponerse a la baja de la edad de imputabilidad si en 2009, cuando todos ellos formaban parte del gobierno kirchnerista, los senadores de su bancada dieron media sanción a un proyecto que fijaba la edad de imputabilidad a partir de los 14 años – uno menos que el previsto en el proyecto de Macri-Bullrich. La burocracia sindical también aporta a esta política, regimentando al movimiento obrero, suscribiendo cláusulas y convenios de “paz social” como los que firmó petroleros, aislando las luchas y entregando a los activistas.

Frente a este cuadro es necesario que todas las organizaciones de los trabajadores, sindicatos, fuerzas políticas combativas y organizaciones de derechos humanos, especialmente las que integran el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, tomemos la iniciativa y convoquemos a una gran movilización independiente a Plaza de Mayo y a todos los centros políticos del país sin mayor demora, preparando desde ahora la gran jornada de lucha del 24 de marzo.