El juez Pablo Raúl Ormachea, actualmente a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 11, ordenó imputar a los jueces de la Cámara de Casación involucrados en la llamada “causa de las coimas”. Se trata de los jueces Eduardo Riggi, Gustavo Michell y Mariano González Palazzo, quienes integraban la Sala III cuando cayeron detenidos los primeros acusados por el crimen de Mariano Ferreyra.

Las escuchas judiciales que se iniciaron a partir del asesinato de nuestro compañero habían detectado el complot de la cúpula de la Unión Ferroviaria para comprar la excarcelación de la patota mediante sobornos. De ese modo, pretendían alejar la posibilidad de que José Pedraza fuera detenido. A pesar de que a partir de las escuchas surgía evidente el interés de Riggi, Michell y Palazzo en participar de la maniobra, el juez a cargo del primer tramo de la investigación, Luis Rodríguez, les había concedido la falta de mérito en base a su “íntima convicción” de que permanecían ajenos al intento de soborno. Inmediatamente después de este rapto de fe en el prójimo, Rodríguez fue promovido por el kirchnerismo para ocupar un juzgado del fuero penal, a pesar de existir numerosas impugnaciones y denuncias en su contra.

Hasta ahora, en la “causa de las coimas” se encontraban procesados José Pedraza, el ex agente de la Side José Riquelme, los allegados a la UF Angel Luis Stafforini (videpresidente del Belgrano Cargas) y Susana Planas (apoderada de la “cooperativa” Unión del Mercosur, perteneciente a la burocracia de la UF), el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid y el encargado de los sorteos en la Cámara Federal, Luis Ameghino Escobar.

La decisión del juez Ormachea responde a los planteos de nuestra querella que requirió la imputación de los tres jueces, a la de la querella del CELS que hizo otro tanto pero sólo respecto del juez Riggi, así como los pedidos de ampliación de las pesquisas y pruebas en relación a la participación de los magistrados de parte del fiscal de instrucción.

Ahora, esta causa pasará al fuero federal bajo la consideración de que “las maniobras denunciadas han afectado intereses nacionales vinculados con la tutela y resguardo de las instituciones de la república”.

Después de meses de mantener paralizado el expediente, se hizo lugar para avanzar con la imputación a los magistrados y su participación. Sin embargo, no se nos escapa que la causa puede volver a ser colocada en el freezer en el ámbito federal, para compartir así el destino de la de malversación de fondos públicos de los empresarios de Ugofe, que duerme en un cajón en el escritorio del juez Lijo.

Claudia Ferrero (Apel)