El lunes 23 se realizó una movilización de los familiares, vecinos y de las organizaciones sociales al juzgado donde se tramita la causa por las víctimas del Indoamericano y la responsabilidad criminal del aparato represivo. Los policías implicados (pertenecientes a la Metropolitana y la Federal) fueron sobreseídos, porque "no hay suficientes pruebas como para que queden imputados". Jueces y defensores sostienen que los muertos fueron producto de un enfrentamiento entre vecinos. Intentan colocar a los vecinos en el rol de sicarios y rechazan los testimonios que adjudican la responsabilidad a una represión salvaje. Los vecinos y las organizaciones sociales han presentado como prueba centenares de videos. En uno se ve cómo la Metropolitana y la Federal ingresan a tiros en el barrio (Villa 20), matando a dos vecinos: Bernardo Salgueiro y Rosemary Chura Puña. El sobreseimiento fue apelado.

En paralelo a esta causa existen otras dos. Una tiene que ver con la tercera víctima, asesinada el 9 de diciembre, Emilio Canavari, cuyos elementos de prueba fueron borrados entre el juzgado y la morgue.

La otra causa está vinculada con la criminalización de la protesta social. Dos dirigentes sociales, el Tano Nardulli (CCC) y Diosnel Pérez (FPDS), están procesados por participar de la ocupación.

La mayoría de los punteros del kirchnerismo y del macrismo firmaron un acta, junto a la burocracia villera, que hace responsables a las organizaciones populares de la ocupación del Indoamericano, desconociendo el reclamo genuino de la vivienda, la incapacidad del gobierno para darle una salida al reclamo y la brutal represión. Este acta fue suscripta por este sector a cambio de su desprocesamiento. Los punteros actúan como cómplices de la impunidad, porque el acta y sus testimonios son utilizados por los fiscales para responsabilizar a las organizaciones populares de todo lo acontecido.

A los compañeros procesados ya se les informó que su causa marcha hacia el juicio oral. La Justicia se pone al servicio de un operativo de impunidad del poder político.

Desde el Partido Obrero acompañamos la lucha por la justicia inmediata, exigimos el desprocesamiento inmediato de los luchadores Tano Nardulli y Diosnel Pérez, y planteamos que haya una respuesta urgente frente al reclamo de vivienda, ya que, un año y medio después de la toma, la situación de las más de trece mil familias censadas no ha cambiado y los gobiernos no han iniciado ninguna obra.