Un reclamo de los detenidos en la comisaria novena de Villa Caraza, Lanús, dio lugar a una feroz represión policial llevada adelante en los propios calabozos el pasado 10 de mayo. El pedido de los reclusos era elemental: uno de ellos presentaba fuertes indicios de estar contagiado de Covid-19 y luego de días de presentar síntomas no había sido atendido ni aislado del resto de las personas, poniendo en riesgo la salud de todos los detenidos.

Como se pudo ver con las manifestaciones ocurridas en el penal de Devoto, la pandemia impacta en un sistema carcelario que, por su situación de sobrepoblación y nulas condiciones habitacionales y sanitarias, se transforma en el caldo de cultivo perfecto para contagios masivos, transformando a toda la población carcelaria en potencial víctima de una condena a muerte. Las comisarias no escapan a este cuadro, toda vez que su capacidad para alojar detenidos se encuentra sistemáticamente sobrepasada, con jóvenes y vecinos de los barrios populares presos durante largos periodos sin ningún tipo de proceso judicial que lo justifique. La comisaria novena mantenía detenidas a 29 personas hasta el día de ayer.

Diego Kravetz, el responsable de Seguridad municipal y jefe de Gabinete del intendente Néstor Grindetti (Cambiemos), estuvo a la cabeza del operativo represivo, que incluyó la participación del Grupo Halcón y la utilización de balas de goma y gas pimienta (Lanús Noticias 10/5). Que el detenido enfermo haya sido trasladado al Hospital Evita e internado, más allá del resultado negativo en el test por Covid-19, así como el compromiso de aplicar un protocolo sanitario en la comisaria, dan cuenta de la validez del reclamo.

Tanto el gobierno municipal como el provincial, son los responsables del desastre en ciernes que pende sobre el sistema penitenciario y su población. Las amenazas que está realizando en estos momentos el propio Kravetz acerca de iniciar demandas contra quienes protagonizaron la protesta deben ser rechazadas, toda vez que no están garantizadas las mínimas condiciones de dignidad y de vida para la población privada de su libertad.

Por el contrario, deben tomarse las medidas necesarias para terminar con el hacinamiento y la insalubridad en cárceles y comisarias, además de rechazar que haya personas detenidas arbitrariamente, sin un proceso judicial acorde.