Los wichís detenidos por el régimen de Insfrán -mediante un operativo montado entre el jefe de gabinete, Jorge González, un juez de Las Lomitas y la policía del Potrillo- han comenzado una huelga de hambre para exigir su liberación. Esta medida no es aislada, sino que forma parte de la lucha del pueblo wichí que reaccionó de forma inmediata luego de la detención de los cinco hermanos Tejada, tomando la comisaría del Potrillo por algunas horas y con movilizaciones posteriores a la penitenciaría, junto con compañeros de la Fuba.

La reacción de los luchadores originarios no fue extraña, ya que varios pueblos de las distintas etnias están en pie de lucha por reclamos de vivienda, salud y educación entre otras cosas, porque sus condiciones de vida son paupérrimas. El gobierno pretende que todo esto no tenga difusión, por eso mandó a una patota para secuestrar las grabaciones de los estudiantes de la UBA que realizaban una pasantía en la Colonia Muñiz. Con la misma intensidad se dedicó a presionar a los hermanos detenidos de todas las formas posibles para sacar de la defensa al abogado Daniel Cabrera, quien viene trabajando de forma independiente desde hace tiempo con las distintas etnias en acciones legales. De las presiones formaron parte el director del ICA y un concejal del PJ de la ciudad de Las Lomitas. Las presiones tuvieron su resultado: ahora el patrocinio de los detenidos está en manos del concejal pejotista Padilla.

Un plan de confiscación

La detención de los Tejada obedece a un plan estratégico de confiscación por parte del gobierno. Ocurre que se está llevando adelante en algunas comunidades el relevamiento territorial lanzado por el gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai). Bajo la promesa de garantizarles la tierra, sucede todo lo contrario: se la están confiscando por medio de leyes kirchneristas. Para llevar adelante esto, el gobierno necesita tener tras las rejas a aquéllos que enfrentan estos saqueos. En esa línea está el procesamiento de Félix Díaz, quien sufre una persecución judicial con la que pretenden tenga el mismo final.

El régimen de Insfrán avanza con la confiscación de las tierras, con la destrucción del sistema productivo del campesinado y con salarios miserables a los estatales provinciales -y ni hablar de los municipales. Para ello se vale de todo: de las patotas y de todas las fuerzas represivas.

Los trabajadores debemos rechazar de plano a las patotas de Insfrán y a su política de ajuste. Debemos denunciarlo en todos los ámbitos: laboral, estudiantil y político. Vamos hacia una jornada de lucha por todos nuestros reclamos y por el desprocesamiento de Félix Díaz y libertad para los hermanos Tejadas.

Fabián Servín