Las recientes acciones represivas contra los municipales de Jesús María (cuya lucha por salarios y otros reclamos concluyó no obstante con un triunfo) invitan a poner la lupa sobre un personaje protagónico de esa represión: el fiscal de instrucción de esta localidad cordobesa, Guillermo Monti.

Desde que Monti asumió el cargo en mayo de 2018, se encuentra al servicio del poder de turno y de una política que pretende disciplinar al colectivo obrero sobre la base de la represión estatal.

El ataque a las y los trabajadores configura un accionar sistemático en Monti. Veamos cómo fueron los hechos en la represión del pasado 4 de mayo. Desde temprano el sindicato de municipales (Sitram), decretó primero una asamblea general y luego una retención de tareas por el no pago de salarios. Una cantidad reducida de trabajadores se quedaron en el obrador. Pasado el mediodía, un agente policial le dijo a los trabajadores que estaban “incumpliendo con el aislamiento”, a lo que la comisión directiva del Sitram respondió que se cumplían las medidas preventivas y que, en todo caso, se podían acercar hasta la fiscalía. Monti rechazó el pedido.

Luego, a las 21 horas, las y los trabajadores municipales fueron brutalmente agredidos por  cerca de cien agentes policiales. La guardia de Infantería atropelló con moto-vehículos, persiguió, violentó, amenazó y secuestró pertenencias personales, y hubo múltiples disparos con armas de fuego. La acción represiva se completó con la detención ilegal y arbitraria de 41 personas.

Todos estos atentados a la integridad y dignidad de las y los trabajadores, se desarrollaron en un marco de impunidad preparado por Monti. Por eso la policía actuó sorpresiva y velozmente golpeando y secuestrando los teléfonos celulares, para que ninguna persona pudiera tomar fotos o filmar los hechos de la represión. Asimismo, mientras se reprimía y se detenía, una parte de la policía amedrentaba con armas a los vecinos que se solidarizaban con los agredidos. A su vez, las calles de acceso al obrador fueron todas bloqueadas.

La persecución continuó luego de la detención. Cuando a las personas se les imputa una ruptura del aislamiento, se las mantiene demoradas dos o tres horas, pero a las y los municipales directamente se los encarceló por más de catorce horas, hacinados en celdas donde no se guardaba ninguna distancia. También los mantuvieron durante todo ese tiempo incomunicados.  Una vez que fueron liberados, la persecución siguió con el secuestro ilegal de autos, motos y bicicletas que los trabajadores tenían estacionados en el lugar de trabajo. Cuando después de dos semanas les devolvieron los vehículos, muchos estaban rayados y dañados.

No es la primera vez que Monti ordena represión. A mediados de abril, se hizo presente personalmente con la policía, para amedrentar a veinte municipales que acompañaban a la comisión directiva en una negociación con el intendente. Previamente, en septiembre de 2019, comandó una golpiza por parte de la policía contra la directiva del Sitram en las puertas de la sede municipal. Y un año antes, en septiembre de 2018, Monti había ordenado una represión a las 4 de la mañana contra las y los trabajadores que se encontraban acampando; en ese momento Monti justificó el brutal ataque en un supuesto “bloqueo” de un portón, que mantenía cerrado la seguridad del municipio.  La denuncia penal por esta represión quedó cajoneada por la propia justicia.

El fiscal debe responder por la represión brutal que desató sobre trabajadores que reclamaban por sus derechos. Ha cometido varios delitos en esos hechos represivos, que han sido nuevamente denunciados en sede penal, por las y los trabajadores. Debe ser destituido de su cargo y hacer frente al proceso judicial que corresponde. Su presencia en la fiscalía es una señal represiva para toda la población.    

La defensa del derecho a la protesta gremial y social es elemental para garantizar los demás derechos. Si las y los trabajadores tienen que trabajar durante la pandemia, del mismo modo pueden organizarse gremialmente y reclamar. No enfrentamos una cuestión relativa al aislamiento obligatorio. Enfrentamos un Estado descompuesto represor.