Durante la segunda audiencia del juicio que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Brigada de San Justo, se llevaron a cabo las indagatorias a los 19 imputados, entre los que se encuentran militares del destacamento de inteligencia 101 y policías bonaerenses –entre ellos, Etchecolatz–, agentes civiles como el ministro de gobierno Smart y su segundo Torino, y un médico, Vidal, quien supervisaba las sesiones de tortura. Todos ellos se negaron a declarar.

Desde la querella de Justicia Ya! La Plata, de la cual APEL forma parte, realizamos el pedido de revocación de domiciliarias de los imputados por supuestas enfermedades terminales, que no son nada menos que achaques propios de la edad, argumentando que condenados e imputados por delitos de lesa humanidad no pueden gozar de este beneficio de impunidad. También reclamamos que se dicte nuevamente la prisión preventiva de los tres acusados que se encuentra en libertad por no tener condena previa y haber superado el plazo establecido para la espera del juicio.

Cabe destacar que solamente un imputado se encuentra presente en la sala de audiencias, el ex comisario bonaerense Leopoldo Luis Baume, domiciliado en La Plata, por resolución del tribunal. El resto de los acusados participa por video-conferencia desde la Cámara de Casación Penal de Comodoro Py, situación que despertó el repudio de sobrevivientes y familiares que requirieron la presencia de todos los imputados en la sala.

La respuesta del TOF Nª1 de La Plata fue el rechazo a nuestro planteo, indicando que el beneficio de prisión domiciliaria debe analizarse en cada caso en particular, de acuerdo a las pericias médicas. Con respecto a las prisiones preventivas, por mayoría de los jueces Esmoris y Jarazo (que en otros fallos aplicaron el beneficio del 2×1 a genocidas) también fue rechazado el planteo de que se dicten las prisiones preventivas y la ampliación de la acusación por casos que quedaron arbitrariamente fuera del debate realizado por la querella de la APDH.

Luego de ello, una de las querellas informa que el ex coronel del Ejército Rodolfo Enrique Godoy y el ex policía bonaerense Alejandro Alberto Menichini aprovecharon el cuarto intermedio dispuesto por el Tribunal para tomar un café en un bar del centro marplatense. Ambos están imputados y “cumpliendo” prisión preventiva en sus domicilios. Desde las querellas solicitamos que se informe quién autorizó esa salida y los jueces no tuvieron más remedio que aceptar el pedido. Continuaremos exigiendo que se revoquen todos los privilegios que impunemente gozan los genocidas que están siendo juzgados amàs de 40 años de los hechos.

Rodolfo Enrique Godoy fue jefe del área 114 y está acusado como coautor de 49 casos de secuestro y torturas a víctimas de ese centro clandestino del Circuito Camps, que funcionó junto a la Comisaría 1ª de La Matanza y fue uno de los enclaves de la Operación Cóndor. El militar llegó al debate detenido con prisión preventiva que cumple en su casa de San Lorenzo al 400 de la ciudad de Mar del Plata. Hasta su detención fue un asiduo concurrente a los debates orales en respaldo a otros genocidas.

Alejandro Alberto Menichini, era jefe en San Justo y está imputado en la misma causa por 20 casos. Llegó al debate con domiciliaria en Av. Independencia al 1500 de la misma ciudad.

El juicio continúa el miércoles 29 de agosto en los Tribunales Federales de La Plata de 8 y 50, con las primeras declaraciones testimoniales de querellantes.

¡Cárcel común perpetua y efectiva para todos los genocidas!