En Neuquén comenzó el primer juicio a los genocidas de la Zona del Alto Valle, incluidos ocho imputados por 17 homicidios. Esta causa investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la zona de Neuquén y Alto Valle del Río Negro, en lo relacionado con el centro clandestino de detención “La Escuelita” que funcionó en el Batallón de Ingenieros de la Subzona 52 del VI Cuerpo del Ejército (lugar donde en su momento también revistó el fugado y ahora recapturado Corres).

Inicialmente, el juicio debía comenzar el 11 de agosto, pero “una caída de la mampostería” del techo de la ex Legislatura -lugar donde se llevarían adelante las audiencias- obligó a postergar la fecha al 20 de agosto. Esta situación fue aprovechada por el Tribunal Oral Federal de Neuquén para elegir como recinto del juicio la sede misma del TOF, donde es imposible el ingreso de más de 40 personas, restringiendo así el acceso al público y a los medios de prensa. Ya se conocían restricciones que había impuesto el TOF anteriormente: separar al público con un blindex, impedir el ingreso con símbolos de lucha como los pañuelos de las Madres e imposibilitar a los medios que tomen imágenes de los acusados, situaciones todas denunciadas por organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos y estudiantiles, entre ellos el PO y la agrupación HIJOS Alto Valle.

El juez federal de instrucción Guillermo Labate, quien lleva adelante la investigación de delitos de lesa humanidad en la región, fue responsabilizado por otorgar el beneficio de las prisiones domiciliarias y excarcelación de los genocidas indagados. De esta manera, los acusados se ven libres para actuar, mientras las víctimas y sus familiares siguen sufriendo presiones y amenazas.

Es importante destacar que mientras el aparato represivo actúa con total impunidad (no sólo no fue desmantelado, sino que sus integrantes siguieron en funciones y hasta fueron ascendidos durante años), en provincias como Neuquén y Río Negro ha encontrado el suelo propicio para ser el germen de todos los “Poblete” y de la política de “gatillo fácil” a que nos tienen acostumbrados. Tan es así que una de las víctimas que pasó por “la escuelita”, un obrero de la zona del Alto Valle apresado en 1975 y luego torturado por la dictadura -don Juan Isidro López-, hace unos pocos meses fue “visitado” y amenazado por uno de los genocidas (que participó en su secuestro), ¡en su propia casa de Cipolletti! Además en esta misma ciudad hace unas semanas fue reconocido en la calle, paseándose con total tranquilidad, uno de los genocidas prófugos (situación denunciada por las agrupaciones de derechos humanos).

Ante la gravedad de la situación, los trabajadores reclamamos medida de fuerza y la CTA Neuquén y la CTA Río Negro convocaron al paro. Asimismo, el sindicato docente Aten decidió llevar adelante una medida.

Desde muy temprano el día 20 nos encontró en la calle a organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos. Los militantes del PO, entre otros, reclamamos a viva voz la cárcel común, efectiva y perpetua para todos los genocidas.

El segundo día del juicio fue de indagatorias a los ocho represores, quienes contestaron, uno a uno, “prefiero guardar silencio”.

En este juicio, los genocidas cuentan con toda la seguridad (chalecos antibalas, blindex) y la impunidad que les ofrece la Justicia, al servicio ésta del mismo poder que sostiene sin modificaciones el aparato represivo de la dictadura.

Hoy más que nunca es urgente la detención inmediata de los 52 genocidas prófugos en todo el país, el desmantelamiento del aparato represivo que se sostiene intacto en épocas de un gobierno que se autodenomina “derechohumanista”, el levantamiento de todas las restricciones impuestas por el TOF de Neuquén, cárcel común, efectiva y perpetua a todos los genocidas.