El juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que tiene en el banquillo de los acusados al ex general César Milani, y a otros 12 imputados, se retomó este jueves en La Rioja con el inicio de los alegatos. La querella que representa a la familia de Pedro y Ramón Olivera, solicitó una pena de 20 años para el ex jefe del Ejército, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y asociación ilícita, por los secuestros y torturas ocurridos en marzo de 1977.

Asimismo, pidieron que se imponga una pena similar al ex oficial del Ejército, Alfredo Santacrocce, por los mismos delitos, y prisión perpetua para el ex juez federal Roberto Catalán, sobre quien pesan además otras condenas por crímenes de lesa humanidad. También solicitaron sentencias de 18 años para Eliberto Miguel Goneaga y de 10 años para Miguel Ángel Chiarello y Leónidas Carlos Moliné.

La querella que representa a las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia, por su parte, solicitó penas de 18 años.

Los abogados de la familia Olivera relataron los hechos ocurridos el 12 de marzo del ‘77 en La Rioja, cuando una partida de militares comandada por Milani (entonces subteniente que revistaba en el batallón 141) ingresó en el domicilio de los Olivera y secuestró a Pedro, y más tarde haría lo mismo con su hijo Ramón en su lugar de trabajo. En medio de una sesión de tortura, Pedro Olivera sufrió un accidente cerebrovascular y luego fue abandonado por sus captores en su domicilio.

"Queda acreditado que Milani formó parte del grupo de inteligencia que se movía con autonomía, no sujeto a los controles de rutina, que participaba en allanamientos, detenciones, torturas y detención de personas", sostuvo la abogada Adriana Mercado Luna, de la querella por los familiares, en el alegato ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja. Los acusados eran funcionarios públicos y "no mostraron ningún arrepentimiento", remarcó la querella al pedir la pena a cumplirse en cárcel común.

"Fue enorme el daño causado a las víctimas y sus familiares", advirtieron las abogadas y remarcaron que Milani tenía acceso a los juzgados y estaba presente en la toma de declaraciones.

"La Rioja no era un paisaje bucólico como sostuvo Milani. Era un lugar de lucha donde había que exterminar al enemigo subversivo. Milani era parte del dispositivo de inteligencia destinado a combatir a esos grupos militantes", fundamentaron los abogados Claudio Orosz y Eugenio Biafore, ante el Tribunal Oral Federal de esa provincia.

La semana próxima se escucharán los alegatos de las defensas de los acusados, y se espera que el 9 de agosto se desarrolle la audiencia en la que se dará posibilidad a los acusados de pronunciar una última exposición, entre ellos a Milani. Ese mismo día se dictaría el veredicto.

Este juicio se desarrolla en un contexto marcado por el intento de “reconciliación” con las Fuerzas Armadas y de negacionismo por parte del gobierno, que intentó aplicar el "2×1" a los genocidas, benefició con prisión domiciliaria o con la libertad por vencimiento de prisión preventiva a una gran parte de los que estaban condenados. Recordemos también que el gobierno dictó el decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de la llamada “seguridad interior”, es decir en la represión para imponer el ajuste.

Que Milani esté en el banquillo de los acusados tras cuatro décadas de impunidad es producto de la incansable lucha de los sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos independientes del Estado. Con los mismos métodos debemos asegurar que se dicte la máxima condena a cumplir en cárcel común para Milani y todos los genocidas.

La lucha por el juicio y castigo a todos los represores de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos debe continuar por ese camino de la independencia política del Estado, los gobiernos y los partidos patronales. Contra la reconciliación, el negacionismo y la impunidad.