En agosto de 2003 denunciamos que la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictada por el Congreso pretendía evitar extraditar a los genocidas, reclamada por jueces del exterior.

Cuatro años después, esto ha sido más que confirmado: hasta ahora se han realizado tres juicios, a un ex policía primero, a un ex comisario luego y al capellán de la Bonaerense durante la dictadura, después. Ni un militar ha sido juzgado.

El derecho es utilizado como herramienta para reconvertir los delitos cometidos por el aparato del Estado en defensa de un régimen social, en delitos realizados por individuos, por tanto individuales y aberrantes por la forma, pero no por las motivaciones.

Desde el 18 de octubre se viene desarrollando otro juicio, esta vez contra el ex prefecto de la Armada Héctor Febres. Se lo pretende hacer pasar como el proceso por el centro clandestino que funcionara en la Esma; la realidad es que se le imputan a Febres cuatro hechos de torturas, sin siquiera imputársele las privaciones ilegítimas de la libertad correspondientes.

Incluso el tribunal interviniente (TOF 5) resolvió la exclusión del caso de Raimundo Aníbal Villaflor, muerto en la Esma por las torturas recibidas, que formaba parte inicialmente de la elevación a juicio, por considerarlo “desechable”. Así Febres evitará ser imputado y enjuiciado por la comisión del delito de tormentos, doblemente agravado, por haber resultado en muerte y por ser la víctima un perseguido político.

El juicio reduce la importancia de la Esma como centro de operaciones, por donde pasaron más de 5.000 detenidos-desaparecidos.

La única manera de tratar las causas de la dictadura, como la causa Esma es o por centro o por circuito de centros de detención, enjuiciando en un solo proceso a todos los responsables, evitando así que los genocidas mueran por el paso del tiempo y que los testigos deban declarar los tormentos sufridos en cada nuevo proceso, como viene sucediendo. Esto ha sido pedido por varias de las querellas, incluso la suspensión del juicio, sin éxito.

Existen en todo el país más de diez causas y mega causas que esperan desde ¡2004! su elevación a juicio. Esta es la política de “derechos humanos” del gobierno nacional.