El viernes 3 de diciembre, dentro de la llamada "megacausa" por los crímenes cometidos en Campo de Mayo por la dictadura videlista, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín le dictó 23 años de prisión al ex presidente de facto Reynaldo Bignone, y 25 al ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo Santiago Riveros, por el secuestro del dirigente montonero Roberto Quieto, de la militante del PRT-ERP María Delia Leiva y la apropiación de dos niños: Gabriel Matías Cevasco y Guillermo Amarilla Molfino, quienes actualmente son nietos restituidos.

Por ese delito, tres apropiadores fueron condenados a cinco años y otros tres absueltos. La Comisión Juicio Campo de Mayo (familiares, querellantes, víctimas) publicó una solicitada en Página/12, que saluda al juicio pero denuncia a la Justicia y en especial al fiscal Jorge Sica (recusado por Abuelas de Plaza de Mayo) porque actuó manifiestamente contra el esclarecimiento de los hechos, no indicó allanamientos ni búsqueda de documentación y dejó personas sin investigar. Esta comisión señala, finalmente, que "éste no era el proceso esperado por nosotros, merecido por las víctimas y el que necesita la sociedad".

A la salida del juicio, Adriana Leiva (hermana de la aún desaparecida María Delia Leiva), señaló: "No estoy de acuerdo con la sentencia y pasaron muchos años. Repudio la lentitud de la Justicia. Aparecen archivos en el Edificio Cóndor que me causan sospechas. No le tiene que pedir a las Fuerzas Armadas que busquen los archivos, nos tiene que pedir a nosotros. En mi causa ha sido increíble la actitud de Sica, cuando había que restituirle la identidad a mi sobrino se oponía. La Justicia puso muchos palos, las pruebas que aportó mucha gente se han perdido". No será posible avanzar en el juicio y castigo a los genocidas de ayer y de hoy si -como claramente lo plantea Leiva- no se le quita a las fuerzas represivas el poder de ocultar su accionar al pueblo.

Sólo si se coloca en manos de la población y de comisiones independientes los archivos y todos los resortes necesarios, podrá saberse la verdad acerca de los desaparecidos. Sólo si los jueces y fiscales son electos por el pueblo con poder de revocabilidad por incumplimiento, los juicios podrán avanzar, sin "pérdidas" de pruebas y responsables no juzgados.