El cuarto juicio oral que se realiza ante el Tribunal Oral Federal N° 5 por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar había ingresado en etapa de alegatos en mayo del año pasado. En esa oportunidad, el representante del Ministerio Público Fiscal, Félix Crous, solicitó la pena de prisión perpetua por privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios y agresiones sexuales en perjuicio de más de 800 víctimas para seis exagentes de la Armada, un expolicía y un excivil de inteligencia; y la pena de seis años de prisión para un integrante del grupo de tareas por su responsabilidad en el secuestro de un diplomático argentino.

Sin embargo, un documento aportado recientemente desde los archivos de las Fuerzas Armadas dio lugar a la reapertura del debate. Este hecho pone de relieve la importancia de la documentación que obra en los archivos a la hora de respaldar las imputaciones surgidas de los testimonios de víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado.

El juicio a los genocidas y la apertura de los archivos: dos reclamos inescindibles en la lucha por memoria, verdad y justicia

Producto de décadas de lucha y movilización popular, en 2005 comenzaron los primeros juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, desarrollados sobre la base de pruebas aportadas exclusivamente por las víctimas y por las organizaciones de derechos humanos. Desde el Estado no se aportó ningún elemento de prueba.

Recién a partir del año 2010 y como corolario de la misma lucha, el Poder Ejecutivo emitió una serie de decretos que permitió el acceso a documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas en el período comprendido entre los años 1976 y 1983 (4/2010; 200/2012; y 503/2015). Desde ese momento, se fueron conformando equipos de trabajo dependientes de diferentes organismos (Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Cancillería, Comisión Nacional de Valores, Banco Central) que han aportado documentación relevante en diversas causas judiciales, entre ellas, ESMA.

Sin embargo, la situación de precariedad laboral sufrida por sus trabajadores desde el inicio de su conformación, así como la profundización del ajuste sobre su presupuesto, golpearon fuertemente a los equipos de trabajo, provocando su desguace e, inclusive, la disolución de muchos de ellos.

Vamos por la apertura de todos los archivos

Por el centro clandestino de la ESMA pasaron 5.000 detenidos, cuya inmensa mayoría permanece desaparecida. Muchos tuvieron como destino los vuelos de la muerte, siendo subidos a aviones y arrojados vivos al Río de la Plata. Fue, además, sede de una maternidad clandestina, que permitió la apropiación de los hijos de los detenidos.

La apertura de algunos archivos administrativos vinculados a la dictadura ha permitido reconstruir parte de su operatoria represiva y de sus cadenas de mando, posibilitando la identificación de responsables materiales de delitos de lesa humanidad.

El proceso de ajuste y precarización mencionado ha vedado parcialmente esa conquista. Al mismo tiempo, permanecen ocultos innumerables archivos secretos y de inteligencia. No hay acceso, por ejemplo, a documentación sobre las víctimas, los detenidos desaparecidos ni sobre los niños nacidos en cautiverio, a quienes se les sigue negando su derecho a la identidad.

Este 24 de marzo, al cumplirse 44 años del último golpe cívico militar, vamos por una gran jornada de lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, por la apertura de todos los archivos de la dictadura y por el desmantelamiento del aparato represivo.