Para el Partido Obrero estamos ante un nuevo Punto Final. El fallo del “2×1” a los genocidas afecta el régimen político, las libertades y el ejercicio de la democracia política. Busca un giro de fondo para reforzar la naturaleza represiva del Estado.

 

No vamos a ir a un debate meramente técnico, jurídico o constitucional; esto implica un salto sin precedentes en materia de impunidad. Es una amnistía a la dictadura que supera el indulto por el número de genocidas que serían beneficiados.

 

Es falso lo que dice Tonelli (NdR: diputado del PRO), en el sentido de que la Corte no tenía otro remedio que fallar de esta manera. Es increíble que nos diga esto a los diputados y al pueblo argentino, cuando dos de los cinco miembros de la Corte han fundamentado en contra del “2×1” y han demostrado en su fallo de minoría la antijuridicidad del planteo cuando corresponde a crímenes de lesa humanidad.

 

Se trata de una operación de Estado, y acá quiero detenerme en algo que denunció hoy Norita Cortiñas, en una nutrida conferencia de prensa, con Adolfo Pérez Esquivel, Norita y las organizaciones de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que integramos y que convoca históricamente los 24 de Marzo. Estuvieron presentes las organizaciones de derechos humanos que han sido autónomas de todos los gobiernos, también del pasado gobierno kirchnerista y, por supuesto, del actual.

 

En esa ocasión, Norita denunció una y otra vez a la cúpula de la Iglesia, que 24 horas antes de este fallo aberrante planteó la idea de la reconciliación de las víctimas del terrorismo de Estado con sus victimarios. De ninguna manera es casual, como tampoco lo es que esos jueces, que primero fueron nombrados por decreto y aceptaban ese nombramiento -lo cual ya los invalidaba como custodios de los derechos constitucionales- y que después fueron votados en el Senado, incluso por esta oposición que le ha aprobado todas las leyes del ajuste al gobierno, sean los que han garantizado este fallo aberrante.

 

 

El carácter del fallo

 

Se trata de un fallo estratégico, que proyecta, en la impunidad de los genocidas de la dictadura, las posibles conductas de las Fuerzas Armadas y del conjunto de las fuerzas de seguridad en la actualidad; es un impulso al gatillo fácil y al aumento de la represión y la arbitrariedad. Este fallo se inscribe en una política que apunta a habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas.

 

Ahora tenemos un gobierno que se despega, porque advirtió que el 95% de la población está en contra de esta decisión. Por eso decidió tomar distancia de un fallo del que es autor intelectual. Basta recordar los alcances del decreto 721 del año 2016, que nosotros rechazamos en esta Cámara de Diputados, ya que otorga mayor autonomía a las Fuerzas Armadas, repone a los oficiales acusados por crímenes de lesa humanidad para darles cursos a los nuevos oficiales y crípticamente incluye el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas.

Esta orientación viene de antes, de la época de Milani. Digo esto porque la defensa que hicieron de Milani al frente del Ejército implicó defender también a un militar acusado de genocidio. Lo mismo debo decir sobre el reforzamiento de los aparatos de inteligencia que, como hemos sabido, operan a través de “carpetazos”.

 

Todo eso está en línea con la política de la ley antiterrorista y el Proyecto “X”. Hay un lineamiento estratégico en este fallo aberrante de impunidad a los genocidas.

 

Nuestro bloque presentó un proyecto que promueve el juicio político. En este sentido, vamos a pedir -es una moción- que el proyecto sea votado en forma nominal, porque no creemos en la efectividad del presunto proyecto de consenso, cuyo texto hemos tenido que salir a buscar porque a pesar de integrar un bloque de cuatro diputados, nadie nos convocó a ninguna reunión. Acá los consensos se dan entre los amigos del club del ajuste. 

 

 

El “consenso”

 

El primero de esos artículos plantea que no tiene vigencia el beneficio del “2×1” en los casos de delitos de lesa humanidad. Es un artículo votable, aunque es discutible que tenga algún efecto. En este sentido, varios diputados plantearon durante la discusión que una norma de este tipo difícilmente pueda bloquear la aplicación del artículo 2° del Código Penal que establece el beneficio de la ley más benigna.

 

Por otra parte, estos jueces de la Corte han tenido el cuidado -por eso digo que es una operación muy pensada- de aplicarlo en el caso Muiña, que no estuvo preso entre 1994 y 2001. Se persigue un objetivo claro -así se lo planteamos a las Madres que están aquí presentes. El caso Muiña está fuera del período. Lo buscaron a propósito para que tenga un efecto abarcativo sobre todos los genocidas.

 

Ponemos también de relieve que entre todos estos aspectos y antecedentes políticos está la prisión domiciliaria de Etchecolatz. ¿Cómo puede ser que se le otorgue si Jorge Julio López todavía sigue desaparecido? Aclaro que tampoco tendría que tener prisión domiciliaria en el pisito de Palermo Chico José Pedraza, habiendo sido el autor intelectual de un crimen político contra el movimiento popular.

 

El operativo estratégico de impunidad no depende solamente de las declaraciones de Lopérfido, que ahora es repudiado en Europa en su nuevo cargo. Hay una orientación política desde el Estado. Por eso, pedimos el juicio político. De lo contrario, estos jueces dictarán nuevos fallos.

 

 

El objetivo

 

Es una cuestión de fondo: quieren formatear el Estado para fortalecerlo y reforzar el disciplinamiento social frente a los brutales choques sociales que, en la Argentina particularmente, han empezado en 2017 y que no solamente están convulsionando a nuestro país, sino a toda América Latina por la aplicación del ajuste para que los trabajadores paguen la crisis capitalista.

 

No se trata de un debate referido meramente al tema de los derechos humanos. Por otra parte, esta Corte ya estableció que las apelaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tienen efecto revocatorio. De manera tal que se van cerrando todos los caminos.

 

Creo que no tenemos una Justicia independiente y que este fallo está fuertemente imbricado en los intereses de las Fuerzas Armadas con el Poder Ejecutivo, con la cúpula de la Iglesia y, en este caso, con una mayoría de la Corte Suprema de Justicia.

 

Finalmente, queremos que lo que resolvamos en esta sesión -y por eso sometemos a votación nuestro proyecto, por el que se propicia el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, aunque sabemos que se han presentado otras iniciativas- sea la gran contribución que debemos hacer respecto de la movilización de masas que tendrá lugar en el día de mañana.

 

Desde esta banca y esta conquista política de quienes han confiado en nosotros para defender los derechos populares, digo que si mañana somos un millón de argentinos, vamos a abrir el camino de la derrota de esta Corte de la vergüenza, de este nuevo punto final y de esta operación del Estado para ir en contra de los trabajadores y del movimiento popular y restituir la libertad a los genocidas (aplausos.)