El viernes 1° de noviembre comenzó el juicio oral y público para juzgar la responsabilidad de seis ex agentes del Servicio Penitenciario Federal y dos ex militares por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el ex centro clandestino de detención denominado “El Vesubio”, ubicado en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Daniel Obligado y María Gabriela López Iñíguez- juzgará el homicidio de 50 personas y la tortura y privación ilegítima de la libertad de otras 370. Entre las víctimas se encuentran los escritores Héctor Germán Oesterheld y Haroldo Conti y el cineasta Raymundo Gleyzer.

En el primer juicio por los crímenes del Vesubio, en septiembre de 2011, siete militares fueron condenados a prisión perpetua. Luego, en febrero de 2014, se comenzó a juzgar a cuatro ex militares y un ex penitenciario por secuestros y torturas cometidos contra más de 200 víctimas. El actual juicio corresponde al tercer tramo de la investigación sobre crímenes perpetrados en ese centro de detención. Las audiencias se llevarán a cabo en los Tribunales de Comodoro Py los días viernes.

La lucha por la condena de los genocidas ha debido atravesar todo tipo de obstáculos por parte del aparato estatal. En el período más reciente, el gobierno macrista impulsó el fallo del 2×1 para lograr la liberación de los escasos represores condenados, una tentativa que sólo fue frustrada gracias a la enorme movilización popular de repudio. Esta tentativa formaba parte de una política de “reconciliación” cuyo propósito es reintroducir a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. Con el mismo fin, el kirchnerismo designó en su momento al frente del Ejército al represor César Milani, quien recientemente consiguió su absolución en el juicio por los secuestros y torturas ocurridos en marzo de 1977 a Pedro y Ramón Olivera. El operativo de impunidad de los represores sigue en marcha.

El Vesubio

El centro clandestino de detención, tortura y exterminio, ubicado en la intersección de la Autopista Ricchieri y el Camino de Cintura, funcionó entre abril de 1976 y septiembre de 1978, en un predio perteneciente al Servicio Penitenciario Federal, bajo control operacional del Área 114 del Primer Cuerpo del Ejército (aunque habría funcionado bajo otra denominación desde 1975). Fue demolido por el Ejército ante la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante la Copa Mundial de Fútbol de 1978 en Argentina.

El Vesubio reunió a represores de todas las fuerzas militares y de seguridad, cumpliendo la función de guardias, torturadores y secuestradores. Miembros del Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Ejército, la Aeronáutica, la Prefectura y la Gendarmería Nacional y civiles fueron responsables  de delitos de lesa humanidad allí cometidos. Según testimonios e informes, pasaron por allí cerca de 2.500 detenidos ilegalmente. Sin embargo, en los dos juicios anteriores se juzgaron en total a 12 represores por unas 300 víctimas.

Varios de los sobrevivientes dieron cuenta en sus testimonios que funcionó como un lugar de “primer destino” -es decir,  el lugar donde luego del secuestro se producían las primeras torturas e interrogatorios y en base a eso se tomaba la decisión acerca del destino de los prisioneros. También las violaciones y los abusos sexuales a las detenidas por parte de torturadores y guardias eran una práctica corriente y sistemática, del cual no quedaron exceptuadas las prisioneras embarazadas.

Los imputados

De los ocho imputados en el presente tramo, seis de ellos son ex agentes del Servicio Penitenciario Federal: Hugo Roberto Rodríguez, Eduardo David Lugo, Milcíades Luis Loza, Olegario Domínguez, y Roberto Horacio Aguirre y Florencio Esteban Gonceski. Entre los militares juzgados se encuentran  el ex teniente Humberto Eduardo Cubas y el ex coronel David Cabrera Rojo. Importa destacar que estos dos últimos se encuentran en libertad, mientras que los imputados Lugo y Domínguez se encuentran con detención domiciliaria. Dos imputados quedaron sin ser juzgados: Serapio Eduardo del Río, quien fue apartado del proceso por incapacidad, y el ex cabo Oscar Alberto Pirchio, quien falleció recientemente.

Se los acusa por la privación ilegítima de la libertad y tormentos de 370 casos que permanecieron en el centro clandestino, y la participación necesaria en el homicidio de 50 personas.

Vamos por la condena de los represores.  Juicio y castigo a todos los genocidas. Cárcel común y efectiva. Son 30.000. Fue genocidio. Apertura de los archivos. Restitución de los nietos apropiados.