Comenzó el juicio por las torturas cometidas a Luciano Arruga durante la detención que sufrió el 22 de septiembre de 2008, cuatro meses antes de ser desaparecido por la Bonaerense.

 

 

En aquella oportunidad estuvo encerrado en la cocina del destacamento de Lomas del Mirador durante diez horas y fue torturado por el policía Julio Diego Torales. Las heridas que sufrió fueron acreditadas por un médico del Hospital Policlínico de San Justo, ya que en la dependencia policial se emitió un certificado trucho que decía que Luciano se encontraba en perfectas condiciones físicas. La causa fue elevada bajo la carátula de "torturas", algo infrecuente ya que, en general, en los casos que involucran a la policía ésta es reemplazada con eufemismos tales como "apremios ilegales" o "severidades y vejaciones".

 

 

Este juicio constituye una pata fundamental para esclarecer la desaparición forzada de Luciano, pues esa detención fue una de las decenas de amenazas y persecuciones que Luciano sufrió durante sus últimos meses de vida. Este juicio se inscribe en el marco de una serie de avances en la investigación por la desaparición forzada de Luciano, que incluyen el hallazgo de su cuerpo a partir de un hábeas corpus presentado por su familia. Luciano había sido enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita durante la misma noche de su desaparición. Según la versión oficial, murió cuando corría por la vía rápida de la avenida General Paz, a la altura de la avenida Mosconi. Estaba descalzo y con ropa que no era suya. Un motociclista que se detuvo a ofrecer ayuda declaró que en la colectora había un patrullero de la Bonaerense con las luces bajas. La familia Arruga ratificó su denuncia inicial: que Luciano fue asesinado y desaparecido por la policía. La Justicia también sostuvo esa hipótesis y la carátula de la causa principal fue ratificada como "desaparición forzada de persona".

 

 

El gobierno nacional está en retirada, pero invierte para lograr el fortalecimiento político y económico de las fuerzas de seguridad, desde el nombramiento del genocida Milani al frente del Ejército, hasta la incorporación de 25.000 nuevos efectivos al cuerpo repodrido de la policía de la provincia para militarizar los barrios populares.

 

 

El caso Arruga es un caso testigo de la connivencia del poder político con el gatillo fácil. De los más de 4.000 casos de gatillo fácil en democracia, 2.700 ocurrieron durante la última década, y de las más de 200 desapariciones forzadas, 80.

 

 

Familiares y amigos de Luciano Arruga convocan a movilizar y a asistir al juicio para lograr un fallo que impulse a otras familias a organizarse contra la impunidad policial. Será oral y público; para presenciarlo sólo hay que presentarse con el DNI en Juan Florio 2765 (San Justo, La Matanza).