A pesar del triunfo de la movilización popular que volteó las leyes de impunidad, pasados 13 años desde la reapertura de los juicios contra los genocidas por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983, la impunidad continúa.

Casi la mitad de los 3.000 genocidas a quienes se imputaron desde 2003 fue llevada a juicio y un 29,5% recibió condenas. A pesar de ello, destacamos que es una ínfima cantidad si se tiene en cuenta que en Argentina hubieron más de 600 Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) y más de 200.000 efectivos estuvieron a cargo de la sangrienta represión y persecución. Es decir que se investigaron solo al 2% de los genocidas y las 975 condenas equivalen a la existencia de un (1) represor por cada CCDTyE.

Otra de las deudas pendientes es la existencia de las prisiones domiciliarias que representan más del 50% de la totalidad de los genocidas encarcelados. Ese número puede agravarse si se otorgan medidas especiales ante la pandemia de Covid-19 cuando los Tribunales recibieron una lluvia de peticiones de arresto domiciliario. El otorgamiento de las prisiones domiciliarias fue rechazado en soledad por la querella de Justicia Ya! Buenos Aires, con el patrocinio de APeL en el megajuicio ESMA unificada, en el año 2013. Si bien el Tribunal tuvo en cuenta la petición, puso en funcionamiento un procedimiento que en los hechos significó que 5 años después, y con el juicio terminado, no se resolviera la situación.

La impunidad biológica es también otro factor de impunidad: 630 genocidas fallecieron antes de llegar a juicio. Otro número importante falleció durante la sustanciación del juicio por lo que murieron “inocentes”. La biología juega en contra de la sanción a los milicos y la reparación a las víctimas, quienes también mueren sin saber qué fue de su familiar o sin que se haya condenado a los perpetradores que estuvieron a cargo de su secuestro y torturas. Más allá de la imposibilidad de detener a la biología, lo que se desprende es la decisión política de Estado de no avanzar seria y acabadamente en la persecución de todos los genocidas por todos los compañeros. Ello se evidencia en la negativa a proceder a la apertura de todos los archivos de la dictadura y la reconciliación con las fuerzas armadas. La vuelta de página solicitada por Alberto, y su venia a la “nueva generación” de militares que se formaron “en democracia” se da de bruces con todo intento de justicia. Los cuarteles y las policías están plagadas de los herederos de Videla, Massera, Camps y Etchecolatz quienes demuestran que están a pie de cañón para proceder a la represión que exija el Estado para hacer pasar el ajuste. Hoy, con la pandemia, también se presentan en las calles para amedrentar a toda la población.

El genocidio incluyó delitos sexuales, los que en primer lugar intentaron contenerse dentro del delito de tormentos –torturas. Una ardua lucha al interior de los juicios encarada por los organismos de derechos humanos independientes, y finalmente asumidos por el Ministerio Público Fiscal, se pudo clarificar que se tratan de delitos de entidad autónoma, y que abarcan a todos los genocidas en los CCDTyE de manera directa o indirecta. Del universo de casos, una pequeña porción llegó a juicio y se lograron 31 sentencias que incluyen los delitos sexuales que representan los hechos que damnificaron a 112 víctimas. Este número es equivalente al 11% de las 968 personas sentenciadas.

La maquinaria judicial revictimiza a quienes fueron víctimas de abuso sexual. En la MegaCausa ESMA, ante el pedido de ampliación de acusación que realizó la querella de Justicia Ya! el Tribunal ordenó que se envíe al tribunal de instrucción la investigación de los casos. A 4 años de concluido el juicio, todavía las compañeras, que valientemente prestaron testimonio, siguen sin haber llegado a juicio. Tenía fecha de comienzo el 17 de marzo de 2020 y se llevaba a los estrados a solo dos genocidas.

Durante 2020, según el informe del Ministerio Público Fiscal, existen en el país 611 causas en trámites, el 40 por ciento se encuentra en etapa de instrucción, el 36 por ciento obtuvo sentencia, el 17 por ciento tiene elevación a juicio y sólo el 2 por ciento está actualmente en juicio oral. Este año, tiene en agenda el comienzo de 14 nuevos juicios lo que sigue en caída respecto del pico logrado en 2012 cuando se llevaron a cabo simultáneamente 25 juicios.

Cada juicio demora en promedio 5 años desde el inicio de la investigación hasta la sentencia de primera instancia, lo que implica que se consolida la impunidad biológica. Esto se debe a la negativa del Estado de proceder a realizar juicios por campos de detención, donde se juzgue a la totalidad de los genocidas por todos los compañeros. Este reclamo histórico de los organismos de derechos humanos no fue tenido en cuenta, y permitió que los juicios se realicen a cuentagotas, fragmentados y con procesos excesivamente largos que garantizan la impunidad.

A 44 años del golpe genocida, la lucha por memoria, verdad y justicia está más viva que nunca.

Frente a la impunidad biológica exigimos la continuidad y aceleración de los juicios y la cárcel común, perpetua y efectiva, para todos los genocidas por todos los compañeros.