El martes 18 de abril, en la próxima audiencia del megajuicio por las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús -en el que desde Apel formamos parte de la querella de Justicia Ya! La Plata- declararán de manera presencial -sobre la particularidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura sobre la comunidad travesti-trans- las sobrevivientes Julieta González, Analía Mártires Velázquez y Marcela Daniela Viegas Pedro, y, a su vez, declarará como testigo en concepto Marlene Wayar, escritora, psicóloga social, activista travesti argentina. Asimismo, virtualmente desde Italia, declararán las sobrevivientes Carla Fabiana Gutiérrez y Paola Leonor Alagastino

Esto, luego de que por primera vez en la historia de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura genocida en nuestro país declarara una querellante y testiga sobreviviente perteneciente a la comunidad travesti-trans: Valeria del Mar Ramírez, quien fue secuestrada y privada de su libertad durante la última dictadura por su identidad de género. Su testimonio es prueba total de la persecución que sufrimos las diversidades sexuales y de género antes, durante y después de ese período por parte de las fuerzas represivas que ejercen un genocidio silencioso hacia la comunidad travesti-trans no binarie.

Ahora será el turno de las compañeras, que declararon recientemente en la instrucción de la causa residual sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en el pozo de Banfield, que, por conexidad con el juicio que se está llevando a cabo desde el 27 de octubre del 2020, se incorporó ese tramo de la causa.

Será una audiencia mixta, es decir, presencial y a la vez virtual, por lo que convocamos a participar para acompañar a las compañeras como históricamente ocurrió en los juicios de lesa humanidad, los cuales continuaron virtuales luego de la pandemia.

En audiencias anteriores, declararon testigos de concepto, quienes han estudiado especialmente la particularidad de la persecución sobre la comunidad hoy denominada LGTBIQ+ en el marco de la represión genocida.

Flavio Rapisardi, docente e investigador en comunicación, escritor y periodista; y Ana Solari Paz, docente y trabajadora de la Comisión Provincial por la Memoria, autora del libro “aMorales en dictadura”, quien analizó la persecución y represión hacia las disidencias sexo-genéricas durante la última dictadura religiosa-cívica-militar en Argentina por medio de legajos policiales del período.

Ana aportó al Tribunal parte de una investigación que realizó para la Maestría en Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP y que tiene como objetivo “analizar las prácticas de persecución, represión y vigilancia hacia las disidencias sexo-genéricas durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica”, analizando como fuente a la Policía Bonaerense y al archivo del área de inteligencia que abarca desde 1956 hasta 1998.

Ana sostuvo que “esa documentación muestra la imposición de la heterosexualidad cis obligatoria (…) En los años 60 y 70 se observa un recrudecimiento de la persecución y vigilancia”. A partir de 1973 se deja de usar el código contravencional vigente desde 1957 y se instaura un nuevo código de faltas “contra la moralidad pública y las buenas costumbres y se pena al homosexual (…) y las prácticas viciosas de homosexuales (que estarán) vigentes hasta el año 2000”.

Agregó que los términos con los cuales la policía se refería a integrantes de la comunidad LGTBIQ+ eran entonces “amoral”, “pederasta”, “mujer hombruna”, “marimacho”, “maricón” y “afeminado”. Los operativos “eran programados y de ejecución diaria”, aseguró. Todos estos niveles de control debían tener actualizados los datos de los individuos de “dudosa moralidad”, tal era la expresión utilizada.

En la misma audiencia hizo su aporte Cristian Oscar Prieto Carrasco, periodista, docente, escritor e investigador, activista LGTBIQ+, integrante del espacio Memorias Disidentes sudacas, quien expresó: “Hasta ese momento no se habían hecho investigaciones respecto de las marcas de la persecución hacia en comunidad homosexual (…) Encontramos cientos de legajos que daban cuenta de esta persecución, antes, durante y después de la dictadura cívico-eclesiástico-militar” precisó.

Respecto de las dictaduras latinoamericanas expresó: “el Plan Cóndor y la persecución a las disidencias sexuales, el camino de la información y también la pregunta sobre qué vinieron a instalar y sellar las dictaduras militares: un sistema heteronormativo, basado en los términos de una moral cristiana y de buenas costumbres, que para ellos era tener una familia heterosexual conformada y que la sexualidad debía tener como única función la procreación”

Sobre la cifra 400 aclaró que “esta cifra aparece ante la pregunta de Carlos Jauregui hacia miembros de la Conadep post dictadura”. En su libro ‘La homosexualidad en la Argentina’, del año 1987, en su capítulo XIII ‘La represión a la sexualidad en Argentina’, en su punto C da cuenta que “El dato estadístico no es oficial, no figura en el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas Nunca Más, pero uno de los integrantes responsables de la Conadep afirma de la existencia de, por lo menos, 400 homosexuales integrando la lista del horror. El trato que recibieron, nos informó, fue similar a la de los compañeros judíos desaparecidos: especialmente violento y sádico. En su totalidad fueron violados por sus moralistas captores. No los conocimos, no los conoceremos jamás. Son solamente cuatrocientos de los treinta mil gritos de justicia que laten en nuestro corazón”. En artículos periodísticos se da cuenta que esta información sobre la cifra de los 400, Carlos Jáuregui la obtuvo del Rabino Marshall Meyer que fuera integrante de la Conadep. El rabino cuenta que, por presiones de la Iglesia Católica, ese dato se obvió del informe final.

Cerrando su testimonio expresó: “El reclamo por la apertura de todos los archivos de las fuerzas de seguridad es un reclamo que nos une con los organismos de Derechos Humanos. Pero también sería un gesto por parte de todos los estamentos del Estado y del Poder Judicial aunar esfuerzos para llevar adelante este reclamo. Necesitamos perspectiva historiográfica en clave de géneros y disidencias, poder acceder como integrantes de nuestra comunidad a datos de los archivos estatales, poder cruzar informaciones y sobre todo equipos especializados que lleven adelante una verdadera investigación que nos ponga del lado de la luz de la historia”.

Convocamos a participar de la audiencia el martes 18 de abril, en los juzgados federales de la Plata calle 8 y 50 segundo piso, la cual también será transmitidas en vivo por el sitio del Poder Judicial (www.cij.gov.ar) y su canal de Youtube.

No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Lxs 30.400 compañeres detenides desaparecides en la última dictadura cívico-eclesiástica-militar, ¡presentes! Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas.