Nuevamente en Jujuy es noticia la avanzada judicial por parte de Gerardo Morales contra luchadores populares y referentes. En este caso se trata de referentes de la Unidad Piquetera que en marzo de este año realizaron movilizaciones reclamando asistencia a merenderos y comedores. Sebastian Copello, dirigente del Partido Obrero y el Polo Obrero, Juan Chorolque referente del MTR 12 de Abril y Veronica Urzagasti, son acusados del entorpecimiento de transportes y servicios (art. 194), la maldita ley creada por la dictadura de Ongania y que todos los gobiernos democráticos la utilizan para perseguir a luchadores que enfrentan el ajuste y la miseria.

Quien eleva el pedido de juicio es el fiscal Diego Funes del Ministerio Público de Acusación (MPA), brazo persecutorio del gobernador, a cargo de todas las causas contra dirigentes sociales y políticos de la provincia. En el documento donde se eleva el pedido a juicio firmado por el fiscal hay irregularidades de principio a fin.  Espionajes de conversaciones de Whatsapp de meses posteriores a los hechos que se acusan, datos de personas ajenas a la causa como es el caso del fletero del Polo Obrero y testigos que notifican de otra jornada como fue el acampe y no de la cual son acusados, que es un corte en Av. Savio del 3 de marzo.

El momento político en que aparece este pedido de juicio no es casual. Gerardo Morales viene de fracasar en su intento de avanzar con la reforma constitucional este año  – postergada para el año que viene – y con esta nueva avanzada judicial pretende retomar el relato que utiliza desde 2015 sobre “institucionalizar la paz social”. La postergación de la reforma está ligada al rechazo popular hacia su intento reeleccionista y el contenido represivo del proyecto de reforma, ajena a los intereses de los trabajadores de Jujuy. A diferencia de tiempos anteriores, el emergente de un movimiento piquetero independiente que busca confluir con los trabajadores ocupados y que construyó movilizaciones históricas contra la criminalización de la protesta es un obstáculo para los intentos de Morales de fortalecer su régimen político mediante una nueva constitución.

Cabe aclarar que también son perseguidos decenas de dirigentes sociales por otras causas lo cual muestra que no solo se criminaliza la protesta, sino que en Jujuy Morales intenta ir a fondo con la ilegalización de la organización de los trabajadores. El gobernador está muy compenetrado con su aventura nacional a presidente y quiere mostrar que la agenda represiva de la que tanto hablan Patricia Bullrich y otros, el la lleva a la práctica en Jujuy.

La relación de fuerzas de Morales contra los sectores populares se ha modificado. Luego del proceso Milagro Sala, Morales buscó disciplinar al conjunto de los trabajadores promoviendo que en Jujuy no existen más los cortes de ruta, los piquetes, los acampes y las luchas de los trabajadores. Este año se ha refutado ese mito. En Jujuy, como en todo el país, crecen los paros, las movilizaciones, volvieron los piquetes y hubo acampes porque Morales replica el ajuste del FMI en la provincia y es un promotor de la entrega de los recursos de la provincia a costa del hambre del pueblo.

Este nuevo intento de disciplinar a los trabajadores fracasará porque la clase obrera está dispuesta a llevar la lucha a fondo contra el ajuste y en defensa de la libertad más elemental que es luchar.

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