El próximo 18 de septiembre se cumplirán diez años de la desaparición de Jorge Julio López.

 

El aniversario coincidirá con el beneficio de prisión domiciliaria que los tribunales de La Plata otorgaron a Miguel Etchecolatz.

 

Etchecolatz, director de Operaciones de la policía bonaerense durante la dictadura, fue el primer torturador llevado a juicio tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El testimonio de López fue crucial para condenarlo a prisión perpetua.

 

López desapareció el 18 de septiembre de 2006, el día que alegaban sus abogados. A pesar de que todas las sospechas recaían naturalmente sobre la bonaerense -en la que todavía revisten miles de agentes que ingresaron durante la dictadura-, la investigación judicial apuntó a los abogados y compañeros de López “por no haberlo cuidado”. Un escándalo. El operativo político de encubrimiento quedó patentado cuando el entonces gobernador Felipe Solá -hoy massista- les dijo a los organismos de derechos humanos que su “preocupación” pasaba por “mantener la gobernabilidad” de la policía. Los gobiernos K mantuvieron nueve largos años de silencio sobre la desaparición de López, en sintonía con ese pacto de “gobernabilidad”. Como es previsible, la investigación sobre el paradero de López está empantanada. La pista de la bonaerense quedó diluida en el cruce de cinco millones de llamadas telefónicas extraídas de 17 hipótesis distintas, sin obtener resultado alguno hasta ahora.

 

Durante el gobierno kirchnerista, la presidenta no se refirió ni una sola vez a la desaparición de Julio López. Los familiares directos de éste terminaron acompañando ese silencio siendo parte en las últimas elecciones de las listas de Scioli e impulsando en sede penal una causa responsabilizando a las abogadas de López por su desaparición. 

 

A diez años de su segunda desaparición, la concesión de la prisión domiciliaria a Echecolatz resalta la vigencia de la movilización por López.

 

El gobierno de Macri dio la orden de no apelar más la prisión domiciliaria de los genocidas ni recusar a los jueces que pretendan concederlas. Es un nuevo Punto Final. Esta política de impunidad es funcional al objetivo de involucrar a los militares en la represión interna para enfrentar la crisis social desatada por el ajuste bajo el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico” o “el terrorismo”, una senda que comenzaron a trazar los gobiernos kirchneristas con la designación del genocida César Milani al frente del Ejército. La represión en Mar del Plata -por supuestos incidentes en un acto público de Macri- y la campaña oficial sobre su seguridad, buscan crear las bases de la existencia de “enemigos internos”, concordante a los lineamientos de las leyes antiterroristas aprobadas a instancias de los gobiernos K. Son aprestos represivos muy evidentes.

 

Septiembre será un mes fundamental en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, levantando las banderas históricas a 40 años de la Noche de los Lápices y diez años de la desaparición de López.

 

El 18 marcharemos a Plaza de Mayo, junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia, bajo las consignas “A diez años de la desaparición de Julio López; pasan los gobiernos sigue la impunidad”. Denunciaremos el encubrimiento de los gobiernos K y el operativo de “reconciliación” y rehabilitación de  la “teoría de los dos demonios” impulsado por  el gobierno de Macri.

 

Preparemos una gran movilización.