Juntos por el Cambio presenta un proyecto contra los piquetes

Ninguno de todos los que nos gobernaron pueden darle una salida genuina a los reclamos populares.

Foto: Federico Imas @ojoobrerofotografía

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley en el Congreso Nacional para “regular” la protesta social, poniendo como eje que “se garantice el derecho al libre tránsito”. El mismo no puede esconder su espíritu profundamente represivo, instando ya en su segundo artículo a que “el Estado, en uso del monopolio de la fuerza, utilice todas las herramientas necesarias para restituir la circulación”. Esta presentación no es casual por estos días, cuando el país se encuentra atravesado por la multitudinaria Marcha Federal convocada por la Unidad Piquetera.

En esencia, este proyecto se escuda en que se “garantice un derecho” (el de la circulación) para negar los derechos por los que pelean millones de personas. Que los firmantes pretendan convocar a una consulta popular al respecto es una incitación a la confrontación dentro de los propios trabajadores, ya que aquellos que se vean afectados por manifestaciones bien puede ser que luego necesiten movilizarse por sus propios reclamos o contra los atropellos de las patronales y el Estado. El objetivo es bloquear la solidaridad entre las diversas luchas populares.

Los piquetes, cortes de calle y movilizaciones son un fenómeno generalizado. Son la respuesta de los trabajadores y el conjunto de los explotados a la ofensiva sobre sus condiciones de vida. ¿O acaso no vemos con suma frecuencia piquetes que surgen de manera repentina en las barriadas, cuando decenas de vecinos padecen sostenidamente la falta de servicio eléctrico, de gas, de agua? ¿O no se cortan calles y se movilizan vecinos de un momento a otro frente a la inseguridad, o cuando se mata a un pibe en el barrio?

Precisamente por todos estos motivos es que no se pueden “regular”. No todos los piquetes y las jornadas de lucha son convocados previamente por organizaciones, sino que son ante todo un método adquirido desde hace décadas por los trabajadores y las masas en general. Las denuncias a uno y otro buscan fogonear este clima reaccionario de confrontación, poniendo como argumento de bandera la defensa de la “libre circulación”; sin que se sonrojen algunos de los diputados que firmaron el proyecto, como Gerardo Milman, que anunciaron públicamente su participación en el Tractorazo de la Sociedad Rural que de igual forma cercenó el tránsito en la Ciudad. Este proyecto pone al Estado como un árbitro para dictaminar qué piquete sí y qué piquete no, cuando es a él a quien se dirigen las protestas; y como vemos, el criterio es qué clase social es la que reclama.

La evocación del texto del proyecto a Cristina Fernández de Kirchner, cuando pedía “legislar una norma de respeto y convivencia urbana” en la apertura de sesiones en el Senado (y argumentando incluso que esta ley avanzaría en tal sentido), es una prueba inequívoca de cómo todo el régimen político de conjunto busca evitar que los trabajadores y los explotados salgan a ganar las calles por sus propios reclamos y reivindicaciones. Ya que Marra y su “brigada antipiquetera” acusen a la movilización popular de “extorsionar gobiernos y funcionarios”, bajo el mismo argumento que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y poniéndose abiertamente del lado de la “casta”, terminan por pintar el panorama. Pero lejos de aportar a esta “paz social” que ponen sobre la mesa para ir contra los piquetes, esta ley vendría a crear un estado de conflicto permanente.

Hace 22 años que todos los que nos gobernaron buscan avanzar en este objetivo, con el fantasma de las luchas que fueron gestando el Argentinazo mordiéndoles los talones. Y así como no pudieron lograrlo con la cooptación y la integración de organizaciones y movimientos sociales al Estado, tampoco pudieron ponerles punto final con la represión, como dejó en claro la caída del gobierno de Duhalde por matar a Darío y Maxi. Este proyecto revela cómo los autores no están dispuestos a suplir los reclamos elementales de los procesos de movilización popular: crear trabajo genuino con salarios acordes a una canasta básica, terminar con la miseria, que se garantice el derecho a una vivienda digna, a una educación y una salud pública y de calidad, al pleno acceso a los servicios básicos.

Este régimen de hambre y de saqueo no puede ofrecernos a los trabajadores una salida en este sentido. Entonces, tendremos que multiplicar los piquetes hasta superarlo, y transformar a la Argentina desde sus bases por el país que necesitamos nosotros.