El 7 de marzo pasado, el activista Massar Ba fue encontrado en la esquina de México y San José, desfigurado a golpes y casi sin vida. Horas más tarde y luego de dos cirugías, falleció en el Hospital Ramos Mejía adonde había sido trasladado por el SAME.

“Por la crudeza y la enorme cantidad de golpes que tenía, hubo claramente un ensañamiento por cuestiones raciales o por violencia institucional, es decir, por la policía”, dijo Carlos Nazareno, uruguayo y afrodescendiente, compañero de Massar Ba en la Agrupación Xangó.

Pocas semanas antes de la muerte de Massar, las agrupaciones afroamericanas se habían movilizado a la Legislatura porteña, denunciando la persecución de la Policía Metropolitana y los allanamientos nocturnos en los cuales la policía ingresaba por la fuerza en sus viviendas (fundamentalmente hoteles y habitaciones compartidas, alquiladas a precios abusivos) haciendo requisas, y 'secuestrando' no sólo la mercadería sino todos los elementos de valor que encontrara en el lugar (celulares, tablets, dinero).

El gobierno de Senegal (que no posee embajada en nuestro país) envió a un representante gubernamental, para acompañar a la comunidad y conocer el estado de la causa de Massar. Pero el enviado no fue recibido por ninguna autoridad de la Ciudad ni de la Nación.

Al contrario, el juez Osvaldo Rappa, le ha negado el derecho de presentarse como querellante a la Asociación de Residentes de Senegal en la Argentina (ARSA).

“El argumento del juez es que la asociación no especifica en su estatuto que está conformada para litigar, pero el de ninguna organización de derechos humanos, especifica eso”, dijo el abogado Christian Gruenberg, coordinador del programa Contra la Violencia Institucional.

“Vemos una irregularidad en la investigación, es muy lenta, muy encapsulada, los propios interesados no pueden acceder a ella y la autopsia se demoró más de dos semanas”, destacó Nazareno y aclaró que ellos piden “que se investiguen todas las hipótesis, no sólo la del crimen pasional o el robo o un ajuste de cuentas. También la de violencia institucional o su muerte

agravada por su condición racial o militante, porque era un activista que denunciaba el racismo, denunciaba la violencia policial no sólo la de la venganza”.

Recordó el caso de José Acosta Delfín, un uruguayo de origen afroamericano, que también era un militante de los derechos humanos”, que vio que la policía está ´cachando´ a dos negros, intervino, se los llevaron presos y a las pocas horas él apareció ahorcado en la comisaría 6ª, de Balvanera.”

El caso está ahora en la Corte Interamericana, ante la cual el Estado argentino tiene que responder por este asesinato y lo que la CIDH ha llamado “racismo judicial”.

Nazareno añadió que “a José la policía lo mató a palos y después le metieron drogas, dijeron que tuvo un brote paranoico y que se ahorcó. No queremos que pase lo mismo con el caso de Massar; queremos saber qué pasó, cómo pasó y que la gente que lo mató vaya presa”.

Este cuadro se enmarca en la avanzada represiva del gobierno de la ciudad contra los manteros, profesión casi única de la comunidad senegalesa, que no tiene documentos y, en general, no habla español.

Distintas organizaciones de afroargentinos e inmigrantes, junto con organismos de derechos humanos han formado una comisión por el esclarecimiento del asesinato de Massar Ba y ya se han movilizado a la Fiscalía el 21 de marzo pasado.

Llamamos a la comunidad senegalesa a movilizarse junto con la izquierda y los trabajadores este primero de mayo a Plaza de Mayo para reclamar:

Justicia para Massar Ba.

Inmediato esclarecimiento de la causa.

En defensa al derecho al trabajo

 

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