La ciudad de Laprida, un municipio de 12.000 habitantes del interior de la provincia de Buenos Aires, se encuentra por estas horas conmocionada por un grave hecho de represión policial. En la tarde del pasado domingo 5 de junio fue hallada muerta Daiana Soledad Abregu, en un calabozo de la Estación Policial Comunal (sede de la policía bonaerense). La joven lapridense de 26 años había sido detenida por una contravención esa misma mañana a la salida del boliche.

Las primeras versiones dadas por la propia policía señalaban la muerte de Daiana como un supuesto suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, con el correr de las horas, dicha versión quedó bajo sospecha y pronto fueron los propios familiares de la víctima quienes cuestionaron la hipótesis oficial y la investigación en curso, señalando que se trató de un asesinato. La familia lleva tres días impulsando el reclamo de justicia y visibilizando el caso en los medios, acompañada por más de 500 vecinos y vecinas, que han llenado las calles de la ciudad y también dan cuenta de otros hechos de violencia policial.

Varias han sido las irregularidades que denunciaron los familiares de Daiana en el transcurso de estos días, apuntando las sospechas hacia la responsabilidad policial. En primer lugar, la demora de la policía en comunicar a la familia el trágico hecho: “Se empezó a conocer en todo el pueblo lo que había sucedido” antes de que la familia fuera informada (Página 12, 8/6). Cuando la madre se presentó en la comisaría ese día no la dejaron ver el cuerpo (Clarín, 8/6). La autopsia se realizó en Azul, ciudad sede del departamento judicial y de su morgue, pero distante a 160 km de Laprida. El accionar policial fue completamente negligente, cuando no directamente criminal: la tía de Daiana denunció públicamente en los medios que el cuerpo de su sobrina no presentaba marcas en el cuello y sí golpes en la cabeza (Crónica 6/6).

Al respecto, la Comisión Provincial por la Memoria denunció que la comisaría de Laprida estaba inhabilitada para alojar detenidos. Este organismo ya lleva registradas 5 muertes bajo custodia estatal en dependencias policiales, en lo que va del año, que se suman a los 25 casos relevados durante el año pasado. Una semana atrás una situación similar había ocurrido con un joven en una comisaría de El Talar, también “por ahorcamiento” (El Popular, 8/6).

Daiana era una joven madre de un niño de 9 años, para quien anhelaba una vida mejor. En sus planes estaba viajar este mismo lunes 6 a La Plata, de donde era oriunda su familia, en la perspectiva de radicarse allí. Antes, había recorrido las dependencias municipales en busca de trabajo. Practicaba fútbol femenino en el Club Lilán de Laprida y jugaba en la primera categoría. Quienes la conocían saben que tenía muchos motivos para vivir y no dan crédito a la versión del suicidio. Al contrario, como se trataba de una joven que no era sumisa, desde la familia apuntan a la policía y a que los agentes “ya le tenían bronca” (Crónica, ídem).

Hasta el momento ha sido separado de la fuerza un suboficial encargado de los calabozos de la comisaría. Sin embargo, los otros tres efectivos presentes allí no han sido citados a declarar, e incluso el comisario a cargo de la dependencia se ha desligado totalmente del hecho. En este sentido, luego de que el caso tomara repercusión en los medios nacionales, la causa judicial cambió de fiscal y pasó a ser investigada por la Fiscalía Especializada en Violencia Institucional y Delitos Carcelarios de la ciudad de Azul, aunque manteniendo la carátula como “averiguación de causales de muerte”.

A su vez, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense inició un procedimiento de investigación sobre los efectivos involucrados (Pagina 12, 8/6). Sin embargo, ninguna de estas medidas es garantía para que se conozca la verdad de lo sucedido. Por el contrario, el poder político y judicial operan concatenados para garantizar la impunidad, como ha ocurrido en otros hechos recientes como la desaparición forzada y asesinato de Facundo Astudillo Castro.

En sintonía con este operativo de impunidad ha actuado el poder político local en manos del Frente de Todos: el secretario de Seguridad, Daniel Bayones, no ha dado la cara ni brindado testimonio alguno. El intendente Pablo Torres brindó declaraciones a Radio Olavarría dos días después del hecho, para reafirmar la hipótesis del suicidio y manifestar demagógicamente que su gestión se encuentra acompañando a la familia. Toda una impostura de la máxima autoridad política de la ciudad que respalda la versión policial cuidando las espaldas del gobierno provincial de Kicillof, Berni y su maldita policía. El peronismo que gobierna, menos de una semana antes organizaba y estatizaba la marcha por Ni Una Menos y, sin embargo, no apoya la versión de los familiares de una víctima de violencia institucional.

El único apoyo genuino que recibió la familia hasta el momento fue el acompañamiento de la movilización popular, que ha interpretado este hecho como un femicidio perpetrado por el Estado. Profundizar la movilización popular es el único antídoto para que este hecho no quede impune, por lo que es urgente el pronunciamiento de las organizaciones populares y democráticas de la ciudad. Llamamos a reforzar esta lucha y a acompañar la movilización que se desarrollará el próximo sábado 11 a las 17 horas en la Plaza Central.

Desde el Partido Obrero acompañamos el reclamo de la familia para que se realice una nueva autopsia y la causa sea caratulada como homicidio. A la vez, señalamos la necesidad de que se ponga en pie una investigación independiente, que se aparte a la policía bonaerense de la misma y que se conforme una comisión integrada por familiares de Daiana y organizaciones de derechos humanos que garanticen que se conozca la verdad de lo sucedido. ¡Verdad y Justicia por Daiana Soledad Abregu!

Recaratulamiento de la causa. Desmantelamiento de la policía bonaerense. Fuera Berni.

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