Hace tres años, Fernando Báez Sosa, un joven porteño de dieciocho años, moría en las inmediaciones del boliche Le Brique, en la ciudad balnearia de Villa Gesell, debido a una paliza que le propinó una banda integrada por ocho rugbiers.

Fernando pertenecía a una humilde familia de inmigrantes paraguayos. Su padre, Silvino, es un encargado de edificio, y su madre, Graciela Sosa, una cuidadora de ancianos. Los atacantes, con antecedentes previos de agresión, y que conformaban una banda, pertenecen a familias acomodadas de la localidad de Zárate.

El juicio que se lleva a cabo por estos días en Dolores ha sido contundente y a la vez estremecedor en materia de testimonios. Ha quedado fehacientemente acreditado que no hubo una riña, como pretende la defensa de los rugbiers, sino que Fernando fue molido a golpes hasta la muerte, estando tirado en el suelo, indefenso. “Nunca vi algo semejante”, dijo el médico Diego Duarte, a cargo de la autopsia, conmovido por el estado en que quedó el cuerpo del joven.

Los agresores buscaron encubrir el hecho, sellaron un pacto de silencio que se mantiene hasta hoy y jamás mostraron la menor empatía por la víctima.

El crimen y el juicio han conmocionado al pueblo argentino, que reclama justicia. Cabe decir que los jóvenes argentinos que pertenecen a los sectores populares sufren cotidianamente la violencia y la discriminación por parte de las fuerzas policiales y la seguridad de los boliches; al mismo tiempo, son atacados y discriminados por funcionarios del propio Estado, el cual fomenta la violencia hacia los más oprimidos.

En el tercer aniversario de su muerte, la familia de Fernando convocó actividades en Dolores y Villa Gesell para recordarlo y reclamar la condena de los culpables de su muerte.

La condena ejemplar de los imputados es necesaria para disuadir la sensación de impunidad con que operan esta clase de bandas y los verdugos de la juventud trabajadora.

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