La derogación de las leyes de impunidad (Obediencia Debida y Punto Final), producto de la incesante lucha popular, no terminó sin embargo con los entramados judiciales que pretenden amparar a los genocidas de la última dictadura militar. Los juicios que se realizan son a cuentagotas, con causas que fueron fragmentadas, tanto en los hechos que abarcan como en el procesamiento de los imputados y la incorporación de víctimas. Esto tiene como consecuencia que se tengan que realizar varios juicios por los mismos centros clandestinos de detención, lo que busca garantizar lo que llamamos la “impunidad biológica”: los represores mueren sin ser juzgados, mientras los sobrevivientes fallecen sin obtener justicia por sus casos.

Es por esto que en el juicio contra los genocidas de la Brigada de San Justo, desde la querella de Justicia Ya! La Plata –que integramos con Apel- exigimos que se amplíen las imputaciones por otros casos de secuestros, torturas y homicidios, y por delitos sexuales que fueron practicados por los represores como parte del plan genocida. Esto último está inobjetablemente demostrado en el conjunto de los juicios por delitos de lesa humanidad llevados a cabo en todo el país.

El miércoles 17, frente a una audiencia muy concurrida de sobrevivientes, familiares, militantes y luchadores por los derechos humanos, sostuvimos: “estamos atravesando socialmente cambios significativos sobre la concepción de la violencia, especialmente hacia las mujeres. Cuenta de ello es el movimiento Ni Una Menos frente a la alta tasa de femicidios, o el reclamo por el derecho al aborto legal frente a la muerte de mujeres y personas gestantes por abortos clandestinos, o incluso las denuncias contra los abusos infantiles y los abusos eclesiásticos. Sin dudas nos encontramos en condiciones sociales esencialmente distintas, superadoras, de lo sostenido desde hace 40 años para condenar este tipo de violencias, que eran naturalizadas. Esto es lo que ha permitido que estos delitos puedan ser denunciados después de tanto tiempo”.

También solicitamos que se incorporen las acusaciones por homicidios ausentes en la imputación, siendo que surgió de los testimonios que se realizaban fusilamientos dentro del Centro Clandestino, y que aparecieron cuerpos que fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Reclamamos a su vez que se incorpore el delito de apropiación, por el caso de María Victoria Moyano Artigas.

La próxima audiencia se realizará el 14 de agosto, luego de la feria judicial, donde las defensas contestarán nuestra solicitud y el Tribunal debe resolver si hace lugar al pedido. Nuevamente, nos empeñaremos en una fuerte movilización para exigir el castigo a los represores.

Fue genocidio. Son 30.000. Los genocidas también son violadores.