A inicios de julio se realizó en Puente 12, donde funcionara hace cinco décadas uno de los primeros centro clandestinos de detención y exterminio, un acto con la presencia de Axel Kiciloff, junto a Sergio Berni y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en anunciaron allí la construcción de un centro de Utoi, unidad especial de la Policía Bonaerense.

A mediados de abril el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) dio inicio al juicio oral por los crímenes sucedidos en el centro clandestino conocido como Puente 12, en la intersección de la Autopista Ricchieri y el Camino de Cintura, ubicado en La Matanza. Este centro está estratégicamente ubicado en una zona que en los años 1974-1976 era asiento de uno de los mayores centros fabriles del conurbano y escenario de importantes luchas de la clase obrera contra el “pacto social” del gobierno peronista.

El lugar es de rápido acceso, en la intersección de dos rutas y en una zona que facilitaba el transporte clandestino de las víctimas hacia el centro de tortura y exterminio. Comenzó a funcionar en 1974, con centenas de secuestrados que eran torturados, detenidos y muertos en el lugar.

Uno de los primeros centros clandestinos de exterminio

Este tercer tramo de la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino, donde funcionó la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense, fue elevado a juicio oral en diciembre de 2020 y, luego de sucesivas dilaciones, la presión y movilización de los sobrevivientes y los familiares impulsó el comienzo del juicio el 3 de abril de este año. Es de resaltar que se están juzgando crímenes ocurridos ¡hace 49 años!

En el juicio ya decenas de testigos han presentado su testimonio como sobrevientes y familiares de las víctimas de dicho centro de tortura y exterminio. Donde están acusados funcionarios de la Policía Bonaerense y miembros del Servicio de Inteligencia de la Policía Bonaerense.

El juez Daniel Rafecas, a cargo de la instrucción, ha dictado la imposibilidad de modificaciones en las instalaciones policiales del lugar, debido a que se supone que en la zona hay fosas clandestinas donde yacen víctimas de muchos desaparecidos que fueron exterminados en ese lugar.

Militantes del Partido Obrero (en esos años Política Obrera) tuvieron una intervención en las luchas obreras de San Justo y participaron en las coordinadoras metalúrgicas en la lucha contra el pacto social y el Rodrigazo que implementó el gobierno de Isabel Perón a mediados de 1975. Y varios militantes de Política Obrera, tras participar en un acto por el 1 de Mayo de 1975 en San Justo en apoyo de esas luchas, fueron secuestrados y llevados a Puente 12 donde estuvieron varios días y lograron sobrevivir.

Borrar las huellas de los crímenes de “lesa humanidad”

Con la grosera excusa de la “seguridad” el acto de Kicillof, Berni y Espinoza se trata de sepultar la investigación de los crímenes cometidos en el lugar y de premiar a la Policía Bonaerense con nuevos equipos.

Ha sido la forma de avanzar en la destrucción de pruebas de las diversas construcciones realizadas donde eran cremadas en forma clandestina las víctimas del terrorismo de Estado que pasaron por el centro clandestino de detención, tortura y exterminio. La orden de “no innovar”, desde 2010 dictada por el juez Rafecas sin eco en las autoridades, señaló la particular importancia de preservar el lugar sin modificaciones. También el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) viene realizando tareas destinadas a la identificación de los restos óseos humanos ya encontrados y los que debe haber en los sitios que falta examinar. Los amplios sectores de tierra del predio fueron tapados con cemento por decisión de las autoridades bonaerenses.

El lugar de tortura funcionó entre noviembre de 1974 y febrero de 1977 y está acreditado que estuvieron allí secuestradas “más de 115 víctimas” del terrorismo de Estado, recordó el juez Rafecas. En los juicios anteriores de Puente 12 han sido condenados represores como Miguel Osvaldo Etchecolatz, Federico Antonio Minicucci, Carlos Antonio Españadero, Angel Salerno, Carlos Alberto Tarantino y José Félix Madrid.

Tapando las huellas de los crímenes de lesa humanidad

En los testimonios ya realizados se comprobó el accionar coordinado de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el Servicio de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Sipba) y el Batallón 601 del Ejército y es el lugar donde actualmente funciona el Destacamento de Infantería de la Policía Bonaerense, hoy denominado Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE),

Crímenes ocurridos durante el gobierno peronista asumido en 1973, y que revelan que el plan de exterminio se fue implementando durante el gobierno “democrático”. Este centro de exterminio como tantos otros pudo funcionar gracias a la cobertura de las instituciones judiciales y parlamentarias del momento, mucho antes del golpe y después del golpe de 1976.

La represión con secuestros, tortura y asesinato tiene culpables a las fuerzas armadas y policiales desde antes del golpe. Este juicio demuestra que la “grieta” entre radicales y peronistas es una farsa entre organizaciones políticas que estuvieron hermanadas con la brutal represión a la clase obrera y sus organizaciones antes, durante y después del golpe del 24 de marzo de 1976.

La intención de Kicillof y Berni de ignorar las huellas de los crímenes cometidos en Puente 12 justamente mientras se está realizando el juicio por los crímenes cometidos en el lugar es un fiel reflejo de las intenciones de “tapar” los crímenes del pasado que la lucha de familiares, sobrevivientes y fuerzas políticas mantienen viva.

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