La AFSCA, que dirige Martín Sabbatella y es la autoridad responsable de la aplicación de la denominada Ley de Medios, le acaba de otorgar 20 nuevas señales de televisión digital a la Iglesia Católica, que están distribuidas por toda la Argentina. Esta cesión se suma a las de televisión y radio que el gobierno (a través de Sabbatella) le otorgó, por ejemplo, al burócrata de la construcción Gerardo “601” Martínez que, de colaborador de la dictadura, pasó a ser un mimado nac & pop, aunque sigue dejando muertos en las calles y en las obras cada dos por tres para mantener sus privilegios.

La Iglesia -de acuerdo con la Ley de Medios que venía a “democratizar la palabra”- tiene un estatus privilegiado, ya que se le otorgan las frecuencias simplemente a su pedido, sin concurso y por tiempo indeterminado. En este nivel de prebenda sólo se equipara al Estado nacional, que no tiene límites en la cantidad ni en amplitud territorial de la cobertura.

Mientras tanto, a varios años de la sanción de la ley “democratizadora”, las organizaciones sin fines de lucro, que debían recibir concesiones del 33% de las frecuencias supuestamente destinadas a ellas, no han logrado prácticamente nada.

Es una muestra más de la farsa de la mentada “pluralidad de voces”, salvo que se entienda como tal al otorgamiento de medios a un colaborador de Videla y Massera, que dirige un sindicato con una banda de mafiosos y asesinos, así como a una institución con cuestionado papel durante la dictadura, que se opone al aborto, al matrimonio igualitario y acaba de rechazar a un embajador ante el Vaticano por su condición de gay.

Definitivamente, la democratización de la palabra no va a venir de las manos de un gobierno que colocó a Milani, otro represor de la dictadura al frente del Ejército y que, lejos de distribuir “la palabra”, potencia y sostiene los monopolios de los medios con una abultadamente obscena pauta oficial (antes Clarín, ahora Cristóbal López, Spolzky o Garfunkel).

Para que la democratización sea posible, los medios deben pasar a manos de las organizaciones populares, sociales y políticas y sus trabajadores deben tener un rol central en la dirección de los mismos.