La represión que las fuerzas de seguridad nacionales comandadas por Patricia Bullrich emprendieron contra los manifestantes que fueron hacia Congreso a rechazar la ley Ómnibus dejó un saldo nefasto: 23 personas detenidas y casi 300 personas lastimadas por el impacto de gases nocivos y balas de goma.

El miércoles 31 de enero tuvo lugar la primera movilización, miles de trabajadores coparon las calles alrededor del Congreso para protestar contra la política del gobierno. A la misma concurrieron las columnas del Sutna, AGD-UBA, ATE Capital y Sipreba; organizaciones piqueteras y sociales, y las asambleas barriales del AMBA y de la cultura.

Por la tarde, la Policía Federal y la Gendarmería montaron una provocación, empujando a los manifestantes y tirándoles gas pimienta; Bullrich había activado el protocolo represivo e ilegal. En ese marco, el dirigente nacional del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue golpeado en el suelo por los uniformados.

Al día siguiente, el jueves 1° de febrero, la represión fue llevada a otro nivel. Las fuerzas del gobierno agredieron a los manifestantes con balazos de goma, gases y palazos. Las imágenes de jubilados siendo golpeados con saña se reprodujeron rápidamente por los medios y las redes sociales. Fueron detenidos más de 20 periodistas. La policía le disparó en el ojo a Matías Aufieri, abogado del PTS. Vanina Biasi, diputada electa del FIT-U, recibió varios balazos de goma, y Belliboni terminó hospitalizado tras ser impactado por el gas.

La Policía de Bullrich estrenó ese día un gas novedoso, que causa quemaduras y ardor en la piel; según la empresa fabricante, la norteamericana Combined Systems, su “uso incorrecto” puede causar la muerte. Fueron más de cien personas las afectadas por estas latas. El gobierno ordenó reprimir incluso las postas de salud que se pusieron en pie para atender a las personas afectadas por los gases y los disparos.

Al mismo tiempo, en Mendoza eran detenidos Víctor da Vila y Martín Rodríguez, referentes del Partido Obrero y el Polo Obrero de la provincia, respectivamente. Para estas detenciones arbitrarias, el gobierno de Cornejo se valió de la ilegal figura jurídica de “reiterancia”. Víctor fue liberado días después, mientras que Martín fue condenado en un juicio abreviado a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso.

Los diputados del Frente de Izquierda pidieron la interpelación de Bullrich; esto, para que concurra a la Cámara de Diputados a dar explicaciones sobre la represión, tanto del miércoles como del jueves. Y también dirigentes de izquierda (Gabriel Solano, Biasi y Belliboni), organismos de derechos humanos y médicos presentaron un hábeas corpus contra el uso de los gases mencionados y en defensa de la movilización popular.

El viernes 2 se realizó un festival cultural, el cual fue organizado por la asamblea Unidos x la Cultura. Participaron Las Manos de Filippi, “Peteco” Carabajal, Arbolito, Saga, Juli Laso, entre otros. El cronograma no pudo completarse debido a la represión policial. La Policía Federal le tiró gases lacrimógenos a jubilados, avanzó contra manifestantes que estaban en la vereda y detuvo manifestantes.

El gobierno quiere poner en pie una democracia de infantería, convirtiendo la movilización popular en delito. No por nada la ley Ómnibus, que cayó en medio de una guerra de camarillas capitalistas en el Congreso, tenía un capítulo que estipulaba el agravamiento de las penas para quienes protesten y realicen huelgas en sus lugares de trabajo.

Asimismo, Patricia Bullrich ha vuelto a poner en vigencia una resolución ministerial que otorga a las fuerzas federales -que están bajo su órbita- luz verde para utilizar armas de fuego. O sea, licencia para matar (doctrina Chocobar).

Con todo, aún ha quedado en pie el protocolo represivo. Este miércoles 14 se realizó una audiencia judicial convocada por el juez federal Sebastián Casanello, que hizo lugar un hábeas corpus presentado por Celeste Fierro (legisladora porteña por el MST-Frente de Izquierda Unidad), el cual reclama su suspensión.

Los trabajadores tenemos que organizarnos y pelear para tirar abajo toda la política de Milei.

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