La sentencia dictada por la Cámara de Casación Penal sobre las condenas a César Arakaki y Daniel Ruiz confirma los delitos por los que fueron condenados, pero en el caso de César obliga al tribunal a revisar el monto de la pena por considerar que no está debidamente fundado que no se hayan tomado en cuenta los atenuantes, tales como la conducta actual de César o su falta de antecedentes, penales. Así, el Tribunal (en realidad, el juez Feliciano Ríos) deberá revisar la sentencia, abriendo paso a que continuemos la campaña por la absolución. Esto llevó al periodismo judicial (Infobae, 4/8) a resaltar que la Cámara de Casación obliga a bajar las penas, lo cual -siendo estas 3 años y 4 meses de prisión- podría derivar en que no se concrete la prisión efectiva. Antes de eso, apelaremos esta sentencia, que tiene un contenido estratégico contra las luchas populares y que considera probados los “delitos” que no fueron cometidos. En el caso de Daniel Ruiz, aunque la condena queda firme, ya pasó en prisión (sin condena) un tiempo superior, por lo que no será detenido.

El contenido estratégico consiste en que se confirma la condena por intimidación pública, contra ambos compañeros. La intimidación pública es un cargo por el que no se venía condenando a los luchadores populares. Es un tipo penal que criminaliza a quienes “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”, con penas de hasta 6 años de prisión. Como se ve, se trata de una descripción tan laxa que podría encuadrar casi cualquier acción de lucha. La sentencia del juez Ríos llegó al extremo de considerar que César y Daniel habían, el 18 de diciembre de 2017 “intimidado” a los propios compañeros con los que se movilizaban, un absurdo que tiene el único fin de reforzar las condenas.

La Cámara también confirmó la condena por lesiones, aunque en el transcurso del juicio fue imposible probar que César fuera el autor de las mismas, y más aún cuando el policía afectado se retiró del juicio al constatar que no estaban allí los autores materiales. La sentencia responsabiliza en realidad a César y Daniel por participar en una movilización que enfrentó la represión del estado, y se condena particularmente a César sin probar los hechos que se le imputan.

La sentencia, por lo tanto, tiene un contenido de persecución contra los luchadores populares, al confirmar las condenas a Daniel Ruiz y los cargos por los cuales se condena a César. Contó ccon los votos a favor de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. El voto en disidencia de Ana María Figueroa planteaba anular las condenas a ambos por intimidación pública, y la condena a César por lesiones.

Una causa estratégica

La causa por la absolución de César Arakaki es estratégica porque las condenas buscan aleccionar a todo el movimiento obrero y popular en la Argentina para impedir nuevos levantamientos como el que se produjo en diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria votada por el Congreso bajo el gobierno de Macri. En una campaña donde la derecha golpea fuertemente con planteos anti piquetes, en un cuadro en el cual el gobierno peronista lleva adelante un enorme ajuste, cuando están en carpeta grandes ataques contra la clase trabajadora, para la burguesía, golpear las jornadas de diciembre de 2017 sigue siendo un objetivo estratégico. Por eso la sentencia es una sentencia política, sin sustento en pruebas, y solamente montada sobre la intención de la burguesía de golpear la movilización popular.

La persecución y las condenas contra César y Daniel empalman con toda una ola de persecución contra el movimiento piquetero y activistas sindicales que recorre el país. Ahí está la persecución contra los estatales y docentes de Santa Cruz por la movilización a la casa de la gobernadora Alicia Kirchner, el ensañamiento de Morales contra el movimiento piquetero y contra todo el movimiento popular que rechaza la reforma, la prisión de nuestros compañeros Martín Rodriguez y Lorena Torres en Mendoza, la persecución contra los representantes del Chubutazo en Chubut. La lucha por la absolución de César forma parte de la lucha por el derecho a movilizarse, que está siendo amenazado en todo el país.

Seguimos la lucha por justicia

El compás abierto por la orden de revisar las condenas y las sucesivas apelaciones nos da pie para seguir luchando por la absolución de César y Daniel, una lucha que ya va lleva cinco años y medio, que ha recogido una enorme solidaridad entre todas las organizaciones de lucha, que fue levantada en forma unánime por asambleas de actores y actrices (impulsados por César mismo que es actor) y que es sentida en todo el movimiento popular como propia, porque una condena es una condena a la gran lucha por la defensa de las jubilaciones contra el gobierno de Macri.

En la campaña por justicia, se destacó este año fuertemente la obra “Tintorero” que viene recorriendo la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y Córdoba, a sala llena. La obra cuenta la vida de César y relaciona su actual persecución con la trayectoria de vida de los inmigrantes japoneses en la Argentina. No solamente atrajo la atención de diferentes sectores de luchadores populares, de personalidades del arte y la cultura, sino además, por ejemplo, generó un gran interés entre la colectividad japonesa.

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