La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de José Pedraza por el crimen de Mariano Ferreyra y las heridas de Elsa Rodríguez, al rechazar el recurso de queja interpuesto por su abogado, Carlos Froment.

 

En el mismo sentido, la Corte se pronunció respecto de los recursos presentados por los defensores de Juan Carlos Fernández, Pablo Díaz, Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Francisco Salvador Pipitó, Daniel González y los policías Jorge Ferreyra, Hugo Lompizano, Gastón Conti, Luis Alberto Echavarría y Luis Mansilla, todos ellos condenados junto a Pedraza.

 

De este modo, los abogados defensores de Pedraza y su patota agotaron todas las instancias de posibilidad de revisión de las penas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 al término del juicio que se desarrolló entre abril de 2012 y agosto de 2013.

 

Por otra parte, esto significa que los comisarios Mansilla y Ferreyra deben ser detenidos inmediatamente. Ambos fueron condenados a 10 años de cárcel en calidad de coautores de homicidio y tentativa de homicidio, pero llegaron libres al juicio oral y no pasaron ni un día en prisión. Ya no existen excusas para que su detención no se haga efectiva.

La decisión de la Corte no modifica la situación actual de Pedraza y Fernández, los máximos dirigentes de la Unión Ferroviaria al momento del crimen, que actualmente gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Tampoco se revierten las excarcelaciones de Pipitó y Alcorcel, beneficiados por haberse acogido a los programas educativos que se dictan en la cárcel ni impide que se produzcan nuevas excarcelaciones en condiciones similares.

 

Mariano Ferreyra fue asesinado el 20 de octubre de 2010, en Barracas, cuando una patota de la Unión Ferroviaria atacó a una movilización de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. La Policía Federal jugó un rol central en la concreción del ataque, ya que liberó la zona y dejó huir a los agresores, dejando atrás un muerto y otros cuatro heridos de bala.

 

Al cabo de una movilización popular histórica por el castigo a los culpables, Pedraza fue condenado a 15 años de prisión y sus patoteros recibieron penas de 18 a 8 años de cárcel en calidad de coautores de “homicidio simple” ya que, según el TOC N° 21, Pedraza no tenía intenciones homicidas ya que “no le convenía un muerto”.

 

Los negocios que asociaban a la burocracia de Pedraza con los empresarios que administraban los ferrocarriles y los funcionarios de la Secretaría de Transporte, así como el papel de estos dos últimos en la planificación y concreción del ataque, no han tenido condena.