Veinticuatro años después del asesinato de tres curas palotinos por los grupos de tareas de la dictadura militar, el único condenado por el caso es quien investigó la masacre.

Con estas palabras se refería el periodista Eduardo Kimel, autor del libro “La masacre de San Patricio”, a la condena que le acaba de dictar la Corte Suprema en el juicio iniciado por el camarista Guillermo Rivarola, que fue el juez que tuvo a su cargo la “investigación” del asesinato. Kimel fue condenado a un año de prisión y a pagar una multa de 20.000 pesos porque el ex juez de la dictadura y ahora camarista de la “democracia” se sintió “injuriado” pues Kimel en su libro sostiene “la evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la investigación”.

Los asesinos de los curas palotinos y de los 30.000 desaparecidos están libres por las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y el Indulto. Los jueces que los encubrieron han sido ascendidos. La clase social que sostuvo a la dictadura sigue en el poder. Sólo las víctimas y quienes denuncian la masacre son condenados.

El fallo contra Kimel desnuda la continuidad jurídica, política y social entre la dictadura genocida y la democracia amnistiadora.