Libertades democráticas
1/2/2024
La figura ilegal de la “reiterancia” con que detuvieron a Víctor da Vila y Martín Rodríguez en Mendoza
Una política que busca criminalizar la protesta social y sacar a los manifestantes de las calles.
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Movilización Mendoza.
En el marco de las manifestaciones en todo el país contra la Ley Ómnibus que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, los dirigentes del Partido Obrero y el Polo Obrero de Mendoza, Víctor da Vila y Martín Rodríguez fueron detenidos arbitrariamente tras la movilización en dicha provincia, en el marco de una profundización de la criminalización de la protesta social, con el uso del inconstitucional criterio de “reiterancia” que aplican algunos gobernadores y que Milei y Bullrich pretenden extender a todo el país.
Ambos militantes y dirigentes políticos y piqueteros fueron detenidos luego de una manifestación pacífica por las fuerzas represivas del gobernador Alfredo Cornejo y a instancias de una Justicia provincial “dependiente” del Ejecutivo local.
Estos apresamientos son instrumentados por la vía de la figura de reiterancia, presente en el código procesal penal provincial, que habilita al juez, a instancias de la fiscalía, a solicitar prisión preventiva en caso de “reiterarse” una conducta delictiva pasiva de sanciones penales.
Se trata de un instrumento ilegal y arbitrario, que viola los derechos y garantías constitucionales, tales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Y que busca aleccionar y perseguir a los manifestantes y activistas para que desistan de su oposición y lucha contra las medidas de ajuste que impulsan el gobierno provincial y Nación.
La provincia de Mendoza se ha caracterizado por la utilización de este recurso ilegal para amedrentar a los trabajadores y manifestantes: una herramienta que va en sintonía con el protocolo represivo e inconstitucional de Patricia Bullrich y con las reformas al Código Penal que buscan penalizar con prisión efectiva cualquier tipo de manifestación, a discreción del Poder Ejecutivo.
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Por medio de estos recursos, los Ejecutivos provinciales se arrogan facultades jurisdiccionales, aplicando una “justicia a discreción”, que busca reprender a quienes se opongan a sus políticas de ajuste.
Martín Rodríguez ya fue detenido bajo esta misma modalidad en marzo del 2023, por lo que la reiteración de la reiterancia busca borrar del mapa a dirigentes piqueteros y políticos que se plantan contra la política oficial: estamos ante la aplicación de un Estado de excepción permanente que disuelve las garantías y derechos constitucionales para poner en pie un Estado policial y represivo que intenta dominar las calles y erradicar la movilización obrera y popular.
Esta modalidad tiene un doble vicio de fondo. No solo se trata de la violación de las garantías y derechos constitucionales, sino también del armado de causas judiciales con la aplicación antojadiza del artículo 194 del Código Penal. De esta manera, se fuerza la detención de dirigentes obreros y populares, buscando aplicar prisión preventiva, por la reiteración de hechos y conductas que no constituyen ningún crimen o delito real, sino más bien el ejercicio del derecho constitucional a peticionar ante las autoridades.
Esta modalidad es a tal punto discrecional y objeto de manipulaciones constantes que intenta ser replicada por los distintos gobiernos provinciales y CABA. Así lo explicitó, por ejemplo, el ministro de Seguridad de CABA, Waldo Wolff, ante una entrevista televisiva cuando solicitó una reforma en la Ciudad para incorporar la reiterancia en CABA y ampliar así las facultades represivas del gobierno de la ciudad.
Esta política también se ajusta a las modificaciones de la Ley Ómnibus al artículo 194 del CP, que busca aplicar prisión efectiva contra los manifestantes y organizadores y activistas obreros y populares, sufrimiendo lisa y llanamente el derecho a manifestación.
Este jueves 1° se realizarán actividades y manifestaciones en Mendoza y en CABA por la liberación inmediata de ambos militantes. Rechazamos esta persecución y criminalización de la protesta social y exigimos la inmediata liberación de Víctor da Vila y Martín Rodríguez, así como el cese de todas las causas penales contra los luchadores, activistas y manifestantes. Abajo el código represivo de Mendoza y el instrumento inconstitucional de la reiterancia.
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