La fuga de los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi, por un Tribunal Federal de San Juan -a cadena perpetua y a 25 años, respectivamente- provocó una nueva crisis para el gobierno, en momentos en que continúan las fuertes repercusiones por el ascenso a jefe del Ejército de Cesar Milani, también represor durante la última dictadura.

Olivera, de 62 años, y De Marchi, de 64, habían sido llevados desde la ciudad de San Juan -donde el 6 de julio fueron condenados- al hospital militar de Buenos Aires para ser "atendidos en distintas especialidades (psiquiatría, kinesiología, dermatología)".

Olivera, quien se desempeñó como jefe de inteligencia en el Regimiento de Infantería de Montaña de San Juan, fue condenado a reclusión perpetua por la desaparición de Marie Anne Erize y otros 59 opositores durante el régimen militar. De Marchi, que era jefe de la compañía comando e integrante del aparato militar destinado al "combate contra la subversión" durante la dictadura, recibió una pena de 25 años, también por delitos de lesa humanidad.

La multiplicidad de responsables de esta fuga es llamativa. En el traslado de los represores no intervino un tribunal sino dos. El traslado fue autorizado por el Juzgado Federal N° 2, con la firma de su titular durante la feria de invierno. Esa autorización fue refrendada por del Tribunal Oral Federal, el que había condenado a Olivera y De Marchi, cuya causa aún no está firme y de quien también dependen los dos represores.

De su traslado desde Marcos Paz, donde fueron alojados inicialmente, se encargó el Servicio Penitenciario Federal, que los habría dejado sin esposas ni custodia en una sala del Hospital Militar, asignada expresamente para los detenidos por causas de lesa humanidad.

Después nada más se supo de ellos.

Las repercusiones de esta cinematográfica fuga estuvo signada por el coletazo del ascenso de Milani. El gobierno ordenó el pase a disponibilidad de numerosos oficiales, entre ellos, el del propio director del Hospital Militar. Estas medidas, sin embargo, apenas disimulan la total inoperancia del Estado en su recaptura, algo que tiene numerosos antecedentes.

En efecto: los recientes fugados se suman a más de una treintena de represores que llamativamente no logran encontrar ni las fuerzas de seguridad, ni los organismos de inteligencia de las propias fuerzas -como el Proyecto X de Gendarmería y el departamento montado en la Policía Aeroportuaria bajo las órdenes de Milani.