En la noche del martes 19 de octubre, un grupo de para- militares (“guardias blan­cas*) acaudillado por Miguel Zuri­ta -un mercenario de la banda de Musa Azar que actúa al servicio de los terratenientes de la soja-, in­tentó desalojar de sus tierras a va­rias familias campesinas de Pam­pa Pozo. La resistencia de los com­pañeros impidió que los usurpado­res cumplieran su cometido.

Al día siguiente, el juez Raúl Romero, nombrado por la Interven­ción Federal, ordenó la detención de los dirigentes del Mocase Angel Strapazzón y Gustavo Carrizo, la detención e incomunicación de otros cuatro jóvenes campesinos (tres menores), y el allanamiento de una Central Campesina. Todoesto fue llevado a cabo por el Gru­po Getoar (un grupo policial para tareas de riesgo), cuyos integran­tes ingresaron con la cara tapada junto a personal de civil, en medio de una asamblea con más de 70 mujeres y niños.

Al igual que los presos políticos del resto del país, las pruebas es­grimidas contra estos compañeros son únicamente el testimonio de las fuerzas de represión. La abe­rración jurídica llegó al punto de que 80 testigos aseveraban que Strapazzón se encontraba en un congreso en Santa Fe al momento de los hechos denunciados.

El lunes 25, tras una moviliza­ción del Mocase, el MST y el PO, los compañeros campesinos organizaron un aguerrido acampe en la puerta de Tribunales, que sólo fi­nalizó el miércoles 27 por la tarde, al salir en libertad la totalidad de los compañeros. El PO aportó su presencia diaria en el acampe, y re­partió un volante denunciando es­te atropello dentro de la escalada represiva nacional, responsabili­zando al gobierno de Lanusse y al Estado provincial por el sosteni­miento de una organización maño­sa que responde a los terratenien­tes sojeros.

Queda planteada, ahora, la lu­cha por el desprocesamiento de es­tos compañeros, en el marco de la lucha por los más de 4.000 luchado­res procesados a nivel nacional, que tendrá uno de sus escenarios funda­mentales en la Marcha Federal del próximo 20 de diciembre.