El escenario es al menos escabroso, a menos de una semana de que el Fiscal Federal Gelvez decida elevar a juicio la causa contra una manifestación en rechazo al avance extractivista en 2021. El proceso judicial que tenía por imputados a 4 efectivos policiales por torturas y vejaciones en el marco de 6 detenciones arbitrarias realizadas en una protesta de militantes antimineros en 2019 culmina con la absolución de los mismos.

La autora del fallo absolutorio es nada más y nada menos que Ana Karina Breckle, jueza en lo penal de Chubut, integrante del tribunal que en el año 2022 absolvió a los integrantes de “la manada de Chubut”), hijos del poder acusados de violación grupal a una menor. De todas maneras, ese asiento le podría haber tocado a otro magistrado y el resultado hubiera sido el mismo, ya que la Justicia en Chubut ha demostrado ser la principal garante de la impunidad de la brutalidad policial. Esto lo demostró la absolución del policía Saavedra, que asesinó de un disparo a la perra Tita.

El aparato judicial también es funcional al disciplinamiento de los vecinos y vecinas que defienden sus derechos laborales, ambientales y constitucionales, como lo prueban la condena al secretario gremial docente Santiago Goodman o la imputación de 16 luchadores del Chubutazo.

El juicio en cuestión comenzó el 18 de septiembre, después de casi cuatro años de los hechos y de un sinfín de maniobras dilatorias por parte de la defensa de los policías. Durante el mismo, que no contó con la participación de la fiscalía, querella y defensa presentaron pruebas fotográficas, videos, testimonios e informes forenses. Sin embargo, en la resolución judicial se dice que “todo se encontró contaminado por ideología”, que “el uso de la fuerza por parte de la institución policial fue legítimo, proporcional y necesario”, que en todo momento la policía se encontraba “protegiendo personas y bienes, esencialmente su función” y que las prácticas denunciadas por las víctimas como tortura fueron realizadas “como técnicas de protección”.

Sin dudas, estas expresiones resultan cínicas, casi irónicas: cumpliéndose 40 años de democracia “ininterrumpida” en nuestro país, la Justicia castiga a los y las ciudadanos que luchan por sus derechos y en defensa de los bienes comunes y premia a los funcionarios de las instituciones por prácticas ilegales, tortuosas y vejatorias similares a las ocurridas en la última dictadura militar.

En Chubut, al igual que en otros territorios del país, la lucha contra el avance minero, el extractivismo y el saqueo tiene larga data. Los gobiernos de turno han intentado, a como dé lugar, darle lugar a los negociados de las multinacionales. En estos son cómplices los legisladores, los capitalistas y las fuerzas represivas. Sin embargo, se han encontrado con frentes de resistencia organizados que se bancan desde las inclemencias climáticas hasta la represión pura y dura, pasando por la judicialización de la protesta social. Los ejemplos son muchos, pero traemos aquí la rebelión popular (Chubutazo) que logró la derogación de la zonificación minera de Arcioni y la resistencia del pueblo jujeño ante la reforma (in)constitucional de Morales y el peronismo.

Es necesario estar alerta, apoyar y participar activamente de las luchas en defensa de nuestros derechos, de nuestros salarios, de un ambiente sano. También de la protesta por trabajo genuino y por vivienda digna. Hay que enfrentar a cualquiera de los ajustadores que gane las elecciones; pretenden reventar el país para pagarle al FMI.

Desde el Partido Obrero convocamos a todos los trabajadores a participar el 4 de Noviembre del “Atlanticazo”, por un mar libre de petroleras, y el 9 de noviembre de la jornada nacional de lucha contra la represión y la criminalización de la protesta impulsada por el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia.

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