La Cámara Federal Civil y Comercial confirmó la condena al ex jefe de Gabinete y exministro de Justicia kirchnerista Aníbal Fernández, a indemnizar a José María Escobar, en ese momento militante del Partido Obrero, con 50 mil pesos más los intereses correspondientes desde la fecha del hecho en setiembre del 2008, por haberlo acusado falsamente en una conferencia de prensa de ser el responsable de incendiar los trenes de línea Sarmiento.

Lo exiguo de la condena, mucho menor a lo reclamado, fue que solo se admitió la indemnización por ser injuriado, la sentencia no meritó la indefensión de un militante popular ante la imputación directa del Ministro de Justicia y Seguridad Nacional y la asimetría que implica. 

Asimismo se ratificó condena también al Estado Nacional porque Aníbal Fernández hizo dicha acusación en ejercicio de sus funciones de Ministro de Seguridad y Justicia en una conferencia de prensa por cadena nacional, luego que el 4 de septiembre de 2008, tras un descarrilamiento del tren en la estación Castelar, la indignación de los pasajeros derivó en la quema de varias formaciones. Ese mismo día, Aníbal Fernández acompañado por el fiscal Carlos Stornelli, entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dieron una conferencia de prensa en la que mostraron fotos de lo ocurrido y denunciaron un supuesto sabotaje del Partido Obrero. En particular, señalaron con nombre y apellido a José María Escobar, docente y militante en ese entonces del Partido Obrero, como el responsable de prender fuego un vagón y aseguraron tener pruebas de ello que nunca aportaron a la justicia.

El argumento central de Aníbal Fernández para apelar su responsabilidad y la condena de primera instancia fue que cumplió con el deber de informar lo que la Policía Federal le había informado.

El tribunal consideró: “Así como la libertad de prensa no es absoluta, tampoco lo es el derecho a recibir información ni, por implicancia lógica, el deber del funcionario de suministrarla (art. 28 de la Constitución nacional)”… “El tema cobra mayor relevancia si el afectado por la información es el miembro de un partido político que ejerce su derecho constitucional a expresarse libremente, pues no es extravagante considerar la posibilidad de que la noticia revelada públicamente se enmarque en una campaña de desprestigio. En esta hipótesis, el abuso de poder del funcionario no puede ser sino doloso y proyecta consecuencias que van más allá del ámbito personal de la víctima al enrarecer el clima político en detrimento de agrupaciones que son fundamentales para el sistema democrático de gobierno (art. 38 de la Constitución Nacional).”

En 2008, el Partido Obrero fue utilizado como chivo expiatorio del desastre ferroviario, responsabilidad de los empresarios kirchneristas Cirigiliano/TBA y el gobierno que lo amparaba. Aníbal Fernández imputó falazmente al Partido Obrero y a Escobar con detalles inventados. La realidad de los hechos quedaría en evidencia dos años después, cuando en defensa del esquema de negociados montado en torno a los subsidios estatales que recibía el ferrocarril, una patota de la Unión Ferroviaria asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreyra y más tarde, en 2012, cuando se produjo la masacre de Once.

La ejecución de dicha condena se dirigirá no al Estado Nacional sino Aníbal Fernández, por considerar que es quien debe asumir el daño provocado y no las arcas del Estado.